El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, un mecanismo que Hungría y Polonia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación.

En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.

En su dictamen, la Justicia europea ha concluido que el mecanismo de condicionalidad de los fondos "ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada y es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE", en contra de los argumentos esgrimidos de Hungría y Polonia en sus recursos contra el Parlamento Europeo y contra el Consejo en los que defendían que la condicionalidad de los fondos es un mecanismo sancionador similar al ya previsto por el artículo 7 del Tratado de la UE.

Además, la sentencia considera que el mecanismo respeta los límites de las competencias atribuidas a la Unión y estima que el reglamento "cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica",

Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad, que consideran arbitraria y carente de base jurídica. Ambos países finalmente su veto pero bajo el aviso de que llevarían el reglamento ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Tribunal de Justicia ha señalado que las facultades que este reglamento confieren a la Comisión Europea y al Consejo "no sobrepasan los límites de las competencias atribuidas a la Unión" y ha declarado que el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE y el mecanismo de condicionalidad de los fondos "persiguen objetivos distintos".

En este sentido, ha matizado que el primero de ellos tiene como finalidad permitir al Consejo sancionar las violaciones graves y persistentes de los valores comunes de la Unión, mientras que el fin del reglamento es proteger el presupuesto de la Unión, "en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecte o amenace con afectar gravemente la buena ejecución de dicho presupuesto", estima la sentencia.

El Tribunal de Justicia considera en su sentencia que el concepto de "amenaza" se detalla en la normativa financiera de la Unión y destaca que las medidas de protección que se adopten deben ser "proporcionadas" a la incidencia sobre el presupuesto de la Unión de la vulneración en cuestión.

La Justicia europea ha señalado que el presupuesto de la Unión es uno de los principales instrumentos que permiten concretar "el principio de solidaridad entre Estados miembros". Por tanto, apunta que la aplicación de este principio a través de dicho presupuesto, se basa en la confianza mutua sobre "la utilización responsable de los recursos comunes".

En un paso más, el TJUE señala que los intereses financieros de la Unión pueden verse "seriamente amenazados" por la vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro y tal vulneración "puede tener como consecuencia que no haya garantía de que los gastos del presupuesto de la Unión cumplan todos los requisitos del Derecho de la Unión".

En lo que respecta a la alegación de Hungría y de Polonia sobre la violación del principio de seguridad jurídica sobre que el reglamento no define el concepto de Estado de Derecho, el Tribunal de Justicia destaca que tales principios han sido ampliamente desarrollados en su jurisprudencia.

Además de los servicios jurídicos de las dos instituciones afectadas, también la Comisión Europea y una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) se han personado en defensa de la nueva normativa en este proceso.

En sus conclusiones del pasado diciembre, el Abogado General del TJUE ya avaló el reglamento de condicionalidad y recomendó a la Justicia europea desestimar los recursos presentados por Polonia y Hungría, al concluir que la norma se apoya en la base jurídica adecuada.

Entonces, el Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona consideró también que dicho régimen, que afecta también al plan de recuperación, fue adoptado "sobre una base jurídica adecuada", es compatible con los límites que marcan los Tratados de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica.

La Eurocámara dice que la sentencia no es negociable

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha señalado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala el mecanismo condicionalidad de los de los fondos es una prueba de que el Estado de derecho no es negociable.

"La condicionalidad de los fondos vinculada al respecto del Estado de derecho no es negociable para el Parlamento Europeo", ha apuntado Metsola este miércoles en un comunicado y ha instado a la Comisión Europea a que aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha señalado que la Comisión defenderá el presupuesto de la Unión Europea frente a las infracciones de los principios del Estado de Derecho. "Actuaremos con determinación", ha señalado en una publicación en Twitter.

Además, Von der Leyen ha asegurado que el Ejecutivo comunitario adoptará, en las próximas semanas, unas directrices que aporten mayor claridad sobre cómo se aplicará este mecanismo en la práctica. "La Comisión analizará ahora detenidamente las sentencias y su posible impacto así como los pasos posteriores que tomaremos en virtud del Reglamento", ha subrayado en un comunicado.

Von der Leyen ha añadido que la Comisión está evaluando en profundidad la aplicación del reglamento en algunos Estados miembros. Además, ha resaltado que este mecanismo permite "proteger mejor el presupuesto de la UE y los intereses financieros de la Unión frente a las infracciones de los principios del Estado de Derecho" y que garantiza que el presupuesto de la Unión se protegerá y ejecutará de conformidad con los principios de buena gestión financiera, en beneficio de todos los ciudadanos europeos.

Además, Metsola ha incidido en que "el Estado de derecho es la base sobre la que se construyen nuestros Tratados. Es fundamental que todos los Estados miembros se adhieran a estos Tratados, que se firmaron cuando se incorporaron a la Unión Europea".

Además, Metsola ha subrayado la importancia de los valores en el seno de la UE y que "los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos comunes".

Hungría, sobre la sentencia: "Bruselas abusa de su poder"

El Gobierno de Hungría ha considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la condicionalidad de los fondos comunitarios es "la prueba de que Bruselas abusa de su poder" y ha vinculado este dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril.

En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no solo sobre la continuidad del primer ministro, Viktor Orbán, en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBI en educación.

La ministra de Justicia, Judit Varga, cree que el TUE ha dictado una sentencia "política" motivada por dicha ley. "Es otra presión contra nuestro país sólo porque adoptamos nuestra ley el pasado verano", ha publicado en Twitter.

Orbán ya había anticipado que el TUE tumbaría el recurso húngaro, en un contundente discurso pronunciado el fin de semana y en el que acusó a las instituciones europeas de "luchar una guerra santa, una yihad del Estado de Derecho".

Polonia califica de "chantaje" el fallo del TJUE

El viceministro polaco de Justicia, Sebastian Kaleta, calificó este miércoles de "chantaje financiero" el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condiciona el desembolso de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho.

"Un día histórico para la Unión europea; los Tratados han sido tergiversados por una sentencia política de la UE y a partir de hoy, cualquier decisión independiente de Polonia estará condicionada por el riesgo de un chantaje financiero, algo que es una realidad desde hace meses", escribió Kaleta en sus redes sociales.

Según el viceministro, "hoy necesitamos unidad contra el ataque a nuestra soberanía, Polonia debe defender su democracia contra este chantaje que es quitarnos nuestro derecho al autogobierno".

"Cuanto más deje de recibir Polonia, más fondos se irán a España o Alemania", afirmó.

El Tribunal Constitucional (TC) polaco debate precisamente hoy una demanda del vicepresidente y ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, que solicitó en diciembre pasado que juzgase sobre la constitucionalidad de la disposición europea relativa al Estado de Derecho y su vinculación con los fondos destinados a cada país miembro.

Según dijo entonces Ziobro, el mecanismo de condicionalidad es una solución claramente contraria a la Constitución polaca, y "este chantaje y violencia económica" son utilizados por la Comisión Europea (CE) "para forzar cambios políticos bajo el pretexto del Estado de Derecho".