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5,3 millones en ayudas a proyectos de inclusión social

L.G.E.
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El año que termina se han podido hacer un total de 129 proyectos que han beneficiado a 1.500 personas. Hay talleres educativos, iniciativas de preescolarización, alojamientos de urgencia o atención residencial

5,3 millones en ayudas a proyectos de inclusión social - Foto: Javier Pozo

La solidaridad no debe ser algo solo de la Navidad. Y aunque la Junta ha convocado en estas fechas sus ayudas para proyectos de inclusión social, se trata de una convocatoria anual para trabajar a lo largo de todo el año y que en muchos casos se va manteniendo ejercicio tras ejercicio. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, explicó que son proyectos que buscan revertir la situación de los más desfavorecidos «no solo trabajando a título individual, sino de forma grupal, para acabar con la vulnerabilidad y exclusión comunitaria». 

Señaló que por eso en años como el que termina se han financiado proyectos dirigidos a la inclusión de barrios o comunidades que lo tienen más difícil. También se han llevado a cabo iniciativas de preescolarización, talleres educativos en la calle, se han habilitado sistemas de alojamiento de urgencia, de atención residencial y se ha hecho también investigación y formación entres los profesionales y técnicos que se dedican a atender a las personas que están en riesgo de exclusión. Por ejemplo, la Universidad de la Rioja ha podido desarrollar con estas ayudas una herramienta para detectar situaciones de vulnerabilidad a través de los servicios sociales. La UCLM también consiguió financiación para un proyecto de participación de la población gitana. 

Para 2020 habrá 5,3 millones de euros, aunque la convocatoria saldrá justo antes de que termine este 2021 para ayudar a planificarse a las entidades del Tercer Sector. El presupuesto sube ligeramente respecto al año que termina y que dio de sí para realizar 129 proyectos que beneficiaron a 1.500 personas. Hay una reserva del crédito del 30% que debe ir a zonas con riesgo de despoblación, como exige la ley que aborda el reto demográfico.