El dato es sorprendente y revelador: el Congreso lleva más de un año sin tramitar una ley orgánica. Se han convalidado reales decretos con rango normativo que habían sido enviados por el Gobierno. Pero nada más. Las dos citas electorales de 2019 bloquearon la Cámara Baja que, cuando parecía que había tomado de nuevo velocidad de crucero ha visto frenada su marcha de forma abrupta debido a la virulenta llegada a España del coronavirus, que ha paralizado otra vez el ritmo legislativo del Hemiciclo. Decenas de propuestas del Ejecutivo, de los grupos políticos e, incluso, de la ciudadanía (en forma de iniciativas populares) se han vuelto a quedar en un cajón, a la espera de que el país regrese a la normalidad. 

Tras anunciar Pedro Sánchez el anticipo electoral en febrero de 2019, la Diputación Permanente (el órgano que dirige el Parlamento en períodos inhábiles o cuando las Cortes se disuelven por la convocatoria de comicios generales, convalidó seis reales decretos durante el mes siguiente. Entre ellos los controvertidos de los viernes sociales, como el de igualdad o el del alquiler, que fueron duramente criticados por la oposición, que acusaron al Ejecutivo socialista de hacer propaganda electoral desde Moncloa.

En octubre llegó otra tacada de este tipo de normas, tras decretarse la repetición de comicios, consecuencia de que no cuajara la investidura. La regulación de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o el refuerzo de la seguridad en el ámbito digital (cierre de web independentistas incluido) salieron adelante entonces. Y acabó el recorrido legislativo de 2019. En 2020, el Covid-19 ha erradicado los síntomas de recuperación. 

La investidura de Pedro Sánchez, el pasado 7 de enero, apuntó a la reanudación de la rutina parlamentaria. Por fin un horizonte temporal para llevar al pleno una proposición de ley y para que se tramitara. Sin embargo, la irrupción de la pandemia ha obligado a retrasar todas las previsiones. 

Para empezar, provocó el aplazamiento de la convalidación de dos decretos leyes tan importantes para el Gobierno de coalición como el de la derogación del despido por sucesión de bajas médicas o el de las ayudas a los agricultores, sumidos en una crisis acuciante. Son, pese a todo, apenas una gota en la tormenta. Y es que debido a la suspensión de la actividad en la Cámara, se ralentizará la tramitación de otros siete proyectos de ley del Ejecutivo, entre ellos el del impuesto a determinados servicios digitales (la tasa Google) o el reciente de educación. Estos últimos habían sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero necesitaban la bendición del Hemiciclo.

Eutanasia y código penal

Asimismo, se verán afectadas ocho Iniciativas Legislativas Populares y varias iniciativas procedentes de los parlamentos autonómicos, y se apelotonarán hasta 55 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. 

El PSOE, la formación mayoritaria, se mostró eufórico cuando el Pleno tomó en consideración su propuesta para regular la eutanasia, el mes pasado. El aterrizaje en la comisión que habrá de dar forma a la iniciativa, más el consiguiente debate, se tendrá que retrasar. Igual que ocurrirá con la proposición de Unidas Podemos para fijar un plazo máximo de los plazos de instrucción, en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

El PP, el martes 10 de marzo, tenía listas para el debate de admisión a trámite sus medidas de endurecimiento del Código Penal, destinadas a castigar a quienes celebren o promuevan referendos ilegales. Pero fue justo el día en que la Mesa del Congreso decidió suspender la actividad de la semana tras conocerse el positivo por coronavirus de Javier Ortega Smith y la consiguiente cuarentena del grupo de Vox al completo. 

Tanto a socialistas como a populares la paralización del Congreso trastoca sus planes, pues en las proposiciones de ley guardan sus agendas legislativas. El PSOE, por ejemplo, tiene una sobre memoria histórica y el PP, otra sobre la modificación del estatuto del Ministerio Fiscal para evitar casos como el de Dolores Delgado. Vox, por su parte, esperará mejor momento para impulsar algunas de sus siete proposiciones pendientes. El impulso de la equiparación salarial de los policías nacionales y de los guardias civiles y la protección de los denunciantes de corrupción serán sus puntas de lanza. 

Hay varias propuestas para cambiar el Código Penal. A la espera de que llegue el plan para amoldar el delito de sedición, Unidas Podemos defenderá cuando llegue su turno su incitativa para endurecer las penas por delitos de odio. El PNV ha registrado otra más orientada a las situaciones de algunos presos. La violencia de género acapara una de las proposiciones de ley de Cs, partidario de garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado, y lo mismo sucede con la independencia del poder judicial o la protección de las familias. 

ERC y el voto a partir de los 16 años o la reforma del estatuto de la Región de Murcia para acabar con los aforamientos en la comunidad son iniciativas ya casi seculares, buenos ejemplos de cómo vicisitudes externas pueden bloquear el Congreso de los Diputados.