En estos tiempos oscuros, en los que sobrevivir y proteger a la familia es el objetivo que cada español tiene cuando se levanta de la cama cada mañana, la política se convierte en un elemento residual, totalmente prescindible. Pocos se acuerdan, salvo el CIS, de la intención de voto, del líder más valorado, o las condenas del procés. Pero lo cierto es que esta semana ha vuelto a planear la sombra del indulto a los líderes independentistas encarcelados sobre La Moncloa.
En teoría, esta sería una cuestión implanteable, pero no es así porque hace poco más de una semana este Ejecutivo coló literalmente en el Decreto Ley publicado por el BOE un punto en el que blinda la presencia de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, la que coordina al CNI. El texto en el que se recogen medidas para paliar los efectos del coronavirus en la economía escondía también un pase a los servicios de inteligencia para el vicepresidente segundo y el jefe de Gabinete de Presidencia.
Esa fue la voz de alarma para parte de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- y, sobre todo, para medios afines. Uno de ellos publicó una información de fácil acceso:el pasado diciembre, el abogado catalán Francesc Jufresa pidió a título individual al Ministerio de Justicia que se les concediera el indulto a los nueve dirigentes independentistas condenados por la sentencia del procés.
En su escrito, el letrado solicita el indulto «por causa de equidad y de utilidad pública» para el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados:Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Jordi Sànchez.
Sin discutir el fallo, Jufresa consideró que la sentencia del Supremo plantea «graves problemas no resueltos de imparcialidad en la instrucción» y en el tribunal y «una grave afectación del principio de proporcionalidad de la pena en los términos constitucionales».
Desbloqueo
Hasta aquí todo normal. Una iniciativa de un particular, de alguien desconocido, anónimo, y poco más. Pero es que no queda todo ahí, ya que la voz de alarma saltó cuando el Ministerio de Justicia desbloqueó la concesión de indultos durante el estado de alarma que rige desde el pasado día 14, de acuerdo con una resolución del subsecretario, Juan Miguel Bueno, que publicó el pasado día 21 el BOE.
Las razones expuestas no convencieron a Casado, Abascal y Arrimadas. Yes que el real decreto que declaró el estado de alarma impuso la suspensión de todos los plazos administrativos, aunque tres días después la norma fue modificada con el fin de habilitar a la Administración para acordar «motivadamente» la continuación de aquellos procedimientos administrativos «que sean indispensables para la protección del interés general».
Por eso, muchos recelan de las verdaderas intenciones del Gobierno. De hecho, 24 horas después de que saliera a la luz la petición de Jufresa, el Departamento de Juan Carlos Campo negó que estuviera sobre la mesa esta medida de gracia que nació en 1870 y que exigió ERC en la investidura de Sánchez.