La educación sigue alimentando todo tipo de polémicas. Los que nos dedicamos a la enseñanza comprobamos, año tras año, que los niveles educativos van en caída libre a pesar de las millonadas invertidas. ¿No tendrán algo que ver las nuevas leyes que desincentivan el esfuerzo de alumnos, profesores y gestores? Si todo vale lo mismo, ¿para qué esforzarse en mejorar? 
La politización de la educación es un problema no menos preocupante. La Generalitat de Catalunya se ha desentendido de la sentencia que les obliga a impartir un 25% de la enseñanza en castellano. Su principal responsabilidad, dicen, es «hacer país». Eso se logra controlando los libros de texto y eliminando las lenguas enemigas. 
La batalla cultural se gana en las escuelas. El lobby LGTBI sabe que su futuro está asegurado si a lo largo del periplo educativo convencen a los niños y adolescentes que son seres asexuados y que cada uno ha de decidir el sexo con el que él se siente identificado. 
El vale escolar es solución más sencilla, eficiente y civilizada para acabar con todas estas tropelías. Se apoya en tres columnas que arrancan de un mismo principio: la libertad. Libertad de creación y organización de los centros escolares, públicos o privados, respetando, claro está, el marco legal. Libertad de elección del centro escolar por los padres; nadie como ellos conoce las necesidades de sus hijos. Reválidas al final de cada ciclo. El alumno ya llega aprobado. Las reválidas solo pretenden que los padres elijan con conocimiento de causa y que los gestores tengan incentivos a mejorar para atraer alumnos. 
La proliferación de colegios ingleses o liceos franceses acredita nuestro modelo escolar. Lamentablemente, solo las clases más pudientes (donde incluyo a los políticos nacionalistas) pueden ejercer la libertad de elección.