Existe una cierta tendencia a considerar que la crítica a determinados comportamientos de los miembros de una colectividad o institución suponen un ataque a la institución misma cuando lo que se trata de dilucidar es hasta qué punto son delictivos o irregulares, las causas por las que han permanecido en un limbo que ha impedido abordarlos con anterioridad y la necesidad de su resolución para volver a prestigiarlas, porque ya ha pasado la época del silencio cómplice y es preciso establecer nuevos controles para que no se vuelvan a cometer tropelías. El ejemplo más reciente es el del rey emérito, Juan Carlos I, y su comportamiento inadecuado, de quien no se cuestiona su labor histórica como clave del regreso de la democracia, sino sus chanchullos económicos.
Otro tanto pasa con la Iglesia Católica, que la Constitución considera que debe ser tenida en cuenta de modo especial por los poderes públicos, dado que es la predominante entre las creencias religiosas de la sociedad española, y aunque el Estado se declara aconfesional, la mantiene económicamente con miles de millones de euros y le concede prebendas en el sistema educativo. Al abordar los problemas que existen alrededor de la Iglesia española no se pone en cuestión ni su labor social ni nada que tenga que ver con su misión de apostolado, sino con dos asuntos que necesitan de la colaboración de su jerarquía para, de una parte, cerrar dolorosísimas heridas infligidas a muchos niños y jóvenes, y de otra resolver la apropiación de unos bienes sobe los que existen abundantes dudas acerca de sus títulos de propiedad.
La actitud reticente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para abrir una investigación global y definitiva sobre los abusos sexuales que han cometido sus miembros a lo largo de los años la sitúa fuera de la órbita que han emprendido los obispos de otros países -Francia, Alemania, Irlanda..- que están dispuestos a abrir archivos y que han reconocido que ese tipo de delitos han podido ser sufridos por decenas de miles de niños a los que están dispuestos a dar una satisfacción moral y económica, en comparación con los pocos centenares reconocidos en nuestro país, muchos de los cuales están siendo recogidos de manera privada. La petición de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la pederastia en la Iglesia Católica española, que el PSOE estudia apoyar, es un paso necesario para que se puedan establecer políticas públicas para evitar esa lacra. "No es cuestión de ideología sino de proteger a la infancia" ha dicho una portavoz de UP. Frente a esa posibilidad se sitúa el sector más conservador del episcopado a quien no ha movido hasta ahora las continuas recomendaciones del papa Francisco, quien ha calificado de 'crímenes' los abusos cometidos por miembros del clero, ante los que debe haber "una firme voluntad de esclarecimiento" para hacer justicia.
Y otro tanto ocurre con las inmatriculaciones de bienes que la Iglesia ha registrado indebidamente a su nombre. En un primer acuerdo con el Gobierno, la Conferencia Episcopal ha reconocido que eso ha ocurrido en mil casos de los 35.000 que están cuestionados del periodo comprendido entre 1998 y 2015. De la jerarquía eclesiástica depende que estos dos asuntos se resuelvan cuanto antes.