Una vez sentadas las bases de la división provisional del territorio de España (Decreto LIX, de 27 de enero de 1822), se inicia el proceso de configuración de la recién creada provincia de Chinchilla, que asume competencias tan importantes como la seguridad y los cuerpos armados, la sanidad o la enseñanza primaria, regulados tanto por el Gobierno Político como por la Diputación Provincial.

El 23 de mayo de 1822, el rey Fernando VII nombró como presidente del Gobierno Político de la provincia a don Veremundo Larrainzar y como secretario a don Gregorio Lapiedra. El discurso, tras la toma de posesión y juramento, se remitió de forma impresa a todos los municipios. De acuerdo a la Real Orden de 27 de mayo, la provincia de Chinchilla se dividió administrativamente en nueve federaciones, con punto o cabeza de cantón, donde debían reunirse las milicias nacionales activas: Chinchilla, Albacete, Peñas de San Pedro, Socovos, Yecla, Hellín, Alcaraz y Jorquera, de los que dependían los pueblos comarcanos.

El 1 de julio de 1822 se constituye la Diputación Provincial de Chinchilla. Como presidente se nombró a don Veremundo Larrainzar, intendente, don Francisco Saavedra; vocales, don Ramón Pretel y Cózar, don José Rodríguez Carcelén, don Ginés Gómez, don Pascual Pérez de la Mata, don Josef Reyllo, don Pedro Molina y don Dionisio Villena; y secretario, don Pío Rodríguez de Vera.

El sello de su jurisdicción se configuró según lo estipulado en una Real Orden de 20 de mayo 1822, que disponía que debía formarse por el escudo de armas de la nación y el lema Diputación Provincial seguido del nombre de la provincia: Diputación Provincial de Chinchilla. El sello del Jefe Superior Político será el escudo de armas de la capital y el lema Jefe Superior Político de la Provincia de Chinchilla.

Para garantizar el orden y la seguridad de las personas y bienes, así como evitar los robos y otros atentados que se venían cometiendo en la jurisdicción, el Jefe Superior de la Provincia adoptó una serie de medidas a través de una circular de obligado cumplimiento en la que, entre otros asuntos, se regulaba la expedición y el control del pasaporte de acuerdo a la instrucción de 20 de julio de 1820. Estos pasaportes se imprimían en la Diputación y eran enviados a los ayuntamientos previa petición de estos, que corrían con los gastos. 

Con respecto a la seguridad, la Diputación Provincial acordó la formación de una Compañía de Cazadores que se ocupara de la persecución de malhechores y facciosos, repartiendo los gastos entre todos los vecinos de la provincia «… a razón de un real por cada vecino de toda la Provincia y resultando por el último censo de población».

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