La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la 'ley del sólo sí es sí' ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, lo que ha implicado también una variación en la horquilla penal, con el fin de abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual, lo que ha supuesto que muchas audiencias provinciales hayan pedido revisiones a la baja de condenados por este tipo de delitos.
Aunque hasta la pasada semana no se había producido ninguna actuación al respecto, en la presente semana se han presentado dos escritos de particulares solicitando la revisión de la condena de dos individuos sentenciados por cometer agresiones sexuales, según confirmaban a La Tribuna de Albacete fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por el momento, la Fiscalía ya ha mostrado su oposición al primero de ellos, como explicaba el fiscal superior de la región, Emilio Fernández. «Ha llegado a la Fiscalía un supuesto de agresión sexual. Se ha hecho un dictamen manifestando nuestra oposición a que se rebaje la pena».
Tras el dictamen de la Fiscalía en sentido negativo, tendrá que producirse la resolución judicial. «El magistrado actuará conforme a sus convicciones o conforme al sentido que cree que debe darle a la Ley, al magistrado no le vincula la doctrina de la Fiscalía General. Cuando haya una resolución judicial veremos si es recurrible o no».
El fiscal superior señalaba que todo estará más claro cuando el Tribunal Supremo establezca, en varias resoluciones, un determinado criterio. «Eso determinará un poco la aplicación o no de ese criterio de la ley más favorable en el resto de órganos inferiores al Supremo».
Criterio General. Por otra parte, Emilio Fernández señalaba que la Fiscalía Superior seguirá los criterios que fija el Decreto del 21 de noviembre del fiscal general del Estado, ya que pertenecen a un cuerpo jerárquico. «Tenemos que seguir en la misión de nuestros dictámenes la doctrina de la Fiscalía General del Estado. En principio, nosotros seguiremos ese criterio, que en sentido genérico lo que trata es de evitar una solución, digamos que genérica. Creemos que la solución debe verse caso por caso, con una perspectiva de género, con una proporcionalidad de la pena, en definitiva, con una tutela de los derechos de la víctima».
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