El Gobierno ha adoptado un plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19, que permitirá movilizar hasta 18.225 millones de euros durante este año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Ministros la aprobación de un primer paquete de medidas que se recogerán en un real decreto ley de lucha contra los efectos de la extensión del contagio por coronavirus, que entrarán en vigor de forma inmediata.

Estas medidas van destinadas a proteger el bienestar de las familias y apoyar a las empresas afectadas, en particular del sector turístico y las pymes (pequeñas y medianas empresas), así como otras para reforzar el sector sanitario.

En concreto, el Gobierno permitirá a las pymes y autónomos aplazar deudas tributarias con la Administración –como retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), cuotas repercutidas de impuesto sobre el valor añadido (IVA) y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades- por importe de hasta 30.000 euros.

Estos aplazamientos podrán realizarse durante seis meses sin intereses y con tres meses de carencia, lo que permitirá inyectar 14.000 millones de euros en la economía.

"Hay muchas empresas, muchas pymes y autónomos viables que se van a ver coyunturalmente afectados por la emergencia sanitaria", ha reconocido el presidente, quien ha confiado en que los pedidos y clientes "volverán" cuando pase la epidemia.

Por ello, ha anunciado también una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico, y un aplazamiento del reembolso de préstamos a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha explicado que se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

El Gobierno también ha acordado flexibilizar las reglas de franjas aéreas (slots) para que las aerolíneas no se vean obligadas a utilizarlas por miedo a perderlas, permitir las cancelaciones y facilitar cambios de billetes de Renfe y devolver el importe de los viajes contratados en los programas de vacaciones del Imserso.

El Gobierno ha decidido también adelantar 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos en sus sistemas sanitarios.

Todas estas medidas económicas, ha dicho, se verían reforzadas con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que son "apremiantes" ante la emergencia sanitaria por coronavirus, y que espera poder impulsar con los grupos parlamentarios la próxima semana.

Posteriormente se ha reunido virtualmente con los agentes sociales para abordar medidas en el ámbito laboral, entre las que se encuentran nuevas prestaciones, medidas de ajuste para proteger el empleo o aplazamientos en los pagos de las cotizaciones sociales para las pymes.

Los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han planteado al Gobierno unas propuestas consensuadas, entre las que destaca un fondo de ayuda extraordinario para la Seguridad Social y facilitar las suspensiones de contrato a través de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).

En declaraciones a los medios, los líderes de las patronales han asegurado que el Ejecutivo se ha comprometido a agilizar una nueva legislación más específica para los ERTE, algo en lo que han pedido al Gobierno que trabaje con "urgencia" y han considerado que debe tener carácter retroactivo.

También han pedido a Sánchez una menor carga fiscal y han incidido en la necesidad de que la Comisión Europea permita relajar los objetivos de déficit público marcados pero "para utilizar ese margen con este tipo de medidas, no para otras cosas"

Los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han coincidido en valorar las medidas aprobadas porque era una "absoluta prioridad" reforzar la situación sanitaria, si bien han insistido en que ahora toca "priorizar las necesidades de caracter económico y laboral.

"Queremos que las medidas afecten cuanto antes a la clase trabajadora de este país", ha apuntado Sordo, en tanto que Álvarez ha confiado en el próximo Consejo de Ministros o "cuanto antes, mejor" se apruebe un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos que tiene esta crisis sobre los trabajadores en línea con las propuestas consensuadas por los agentes sociales.