El Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión de 7,98 millones de euros destinada a entidades sin ánimo de lucro existentes en la región para la realización de programas de promoción del bienestar mental, prevención de la enfermedad mental y atención a personas con problemas adictivos y con problemas de salud mental. Es una inversión, que explicaba la portavoz del gonierno, "nos ayuda a luchar contra la estigmatización" y también a apoyar a las familias. Estas ayudas se incluyen en la orden de bases que regirá la convocatoria de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y se dividen en cuatro modalidades.
Explicaba en rueda de prensa Blanca Fernández que la primera de ellas, estará dirigida a la realización de programas de atención a personas reclusas con trastornos adictivos en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha y contará con 325.000 euros y una subvención máxima de 60.000. El objetivo es preparar a estas personas "para una vida en el exterior lo más normalizada posible, con apoyo social, laboral y familiar".
La segunda línea cuenta con 1.950.000 euros para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave. Suponen una oportunidad para "recuperarse e intentar tener una vida autónoma", explicaba la consejera.
La tercera línea de ayudas, está dirigida a financiar plazas en centros residenciales y en comunidades terapéuticas, por importe de casi 5,4 millones de euros. En esta ocasión las funciones se dividen en dos ramas, una para personas con problemas de salud mental grave y necesitan un espacio residencial propio y una segunda para personas con problemas adictivos.
La cuarta línea, con un importe de 325.000 euros, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro para programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental. En este caso se trabaja por la "defensa de los derechos y la lucha contra la estigmatización" y también se incluye el asesoramiento jurídico, así como la promoción de la salud y el bienestar emocional a través del deporte.
Recordaba Fernández que el SESCAM cuenta con el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha dotado de once millones de euros. Un servicio de salud que de media atiende entre 13.000 y 15.000 urgencias por problemas de salud mental al año; hay entre 60.000 y 65.000 consultas anuales de media y se hacen más de 400.000 seguimientos terapéuticos. Por eso destacaba la consejera la importancia de actuar sobre ua situación que "muchas veces se han visto agravadas como consecuencia de la pandemia en todo nuestro país".
Castilla-La Mancha entre las comunidades con más plazas en residencias
La consejera demás ha considerado como una noticia "muy grata" que Castilla-La Mancha esté entre las dos comunidades autónomas con más plazas en residencias de mayores y que supera en 7.102 plazas la ratio recomendada de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, según un informe publicado este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Dicho informe analiza la situación de las residencias de mayores en España tras los años de pandemia, y estima que hay una media de 4,2 plazas cada 100 mayores en el país. Por eso, Blanca Fernández pone en valor que la región, "superamos la ratio recomendada", algo que confirma que se "está haciendo un gran esfuerzo" en materia de dependencia y de atención a mayores. "Nos hace sentir que el esfuerzo merece la pena", valoraba Fernández. Un sistema que en base a los últimos datos oficiales permite que en Castilla-La Mancha haya 67.338 personas beneficiarias, lo que supone un incremento del 91 por ciento desde 2015; un total de 85.666 prestaciones, además de una reducción de las listas de espera de un 44 por ciento desde ese mismo año 2015.
Matiza la consejera que no sobran plazas y que las vacantes se van cubriendo en orden de espera. Además recuerda que la intención de las políticas llevadas a cabo, es que las personas puedan mantenerse en sus propias viviendas el mayor tiempo posible, para garantizar un mayor bienestar, por eso se apuesta por el trabajo directo de las personas mayores en sus viviendas y en servicios como la teleasistencia o relojes inteligentes. El objetivo, asegura, es retrasar la edad de ingreso de los mayores en residencias.