El ministro de Consumo -otrora simple Dirección General de la cartera de Sanidad- continúa en el candelero por sus polémicas declaraciones sobre la mala calidad de la carne que España exporta a otros países. Con motivo de la celebración del Comité Federal del PSOE, que en un principio estaba destinado a que todos los focos mediáticos se pusieran en la designación de Luis Tudanca como candidato socialista en Castilla y León, los barones del PSOE aprovecharon la ocasión para cargar, de forma conjunta, contra el ministro díscolo. Sobre todo lo hicieron aquellos donde la ganadería es una de las industrias que más aportan a su PIB, como Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García-Page, manifestó que «cuando alguien mete la pata como lo ha hecho -no es la primera y no conozco lo contrario-, lo mejor es rectificar, es lo más sabio que hay» y precisó que «esto no tiene que ver ni con el comunismo ni con el socialismo ni con la derecha, se pueden decir tonterías en todos los idiomas y en todas las latitudes políticas».
Pero García Page no fue el único, anteriormente el presidente de Aragón, Javier Lambán, incluso llegó a pedir la dimisión del ministro de Consumo, y el candidato a la presidencia de Andalucía, Juan Espadas, consideró la ganadería española como un sector «del que nos sentimos orgullosos».
Sin embargo, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue mucho más tibio contra el líder de Izquierda Unida, al asegurar que el Ejecutivo «cumple» con el sector ganadero. Sánchez es conocedor de lo estéril de los ataques a Garzón, que cubre una cuota de poder reflejada en el pacto con Unidas Podemos. Por tanto, es la formación morada la que tiene en su mano el futuro del ministro de Consumo.
A partir de ahora, la presión sobre el titular de la cartera ministerial aumentará tanto por los socios de Gobierno, el PSOE, como por los partidos de la oposición y el sector agropecuario, este último cansado ya de los ataques gratuitos de Alberto Garzón, que le hacen acreedor de ser un ignorante en lo tocante al sistema productivo del campo español. Su presencia en el Gobierno de Sánchez es un lastre demasiado costoso de llevar y más cuando se avecinan elecciones autonómicas cruciales, como serán los comicios de Castilla y León del próximo mes.
El sector primario español es una de las bases de la economía nacional y las exportaciones son fundamentales para la prosperidad del país. Lanzar torpedos a su línea de flotación es tirar piedras contra el tejado propio. Por esa razón, lo más sensato por parte de Garzón sería rectificar y dimitir, si aún le queda un poco de dignidad política.