En diciembre de 2020 las Cortes regionales aprobaron una ley contra la ocupación ilegal. La normativa incluía varias medidas para las que hay que modificar leyes a nivel estatal, así que la idea con la que se elaboró y aprobó en Castilla-La Mancha fue para mandar esa propuesta al Gobierno de España, quien sí tiene esas competencias. Pero hasta ahora no ha habido movimientos en Madrid al respecto y desde el Gobierno regional le dan un plazo para recibir una respuesta.
El propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ya lo avisó el martes desde Seseña, uno de los municipios afectados por la presencia de 'okupas'. Hoy la portavoz del Gobierno regional ha precisado que el plazo que dan a Moncloa expira en diciembre, coincidiendo con el año que ha pasado desde que la ley se aprobó en Castila-La Mancha y se remitió al Gobierno de España. "El presidente ha establecido como fecha límite hasta el propio mes de diciembre, hasta final de año para que el Gobierno de España tenga esa respuesta", apuntó Blanca Fernández.
En caso de que llegue diciembre y no haya novedades, el Gobierno regional estudiará diversos mecanismos para que esta ley se tome en serio. Page dejó caer ayer que él la podría llevar a la próxima Conferencia de Presidentes.
La portavoz confirmó que en estos meses "no ha habido ninguna reacción" por parte de Moncloa y asume que el tema puede generar "un debate poco cómodo" para el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. "Sabemos de las plataformas que viene Podemos, pero era un contexto distinto, en el que los desahucios eran un problema en este país", comentó.
Blanca Fernández subraya que ahora la situación es otra y que lo que se persigue con esta ley son a las "mafias que se dedican a alquilar y subalquilar viviendas que no son suyas, obteniendo lucro y provocando que en muchos barrios haya problemas de tráfico de drogas, delincuencia, seguridad ciudadana y muchas tensiones vecinales".
Aunque reconoce que es una problemática que no está generalizada en la región, pero que hay algunos municipios que "sufren mucho esta situación" . Fernández niega que sea una "ley conservadora", porque señala que precisamente "se protege la propiedad privada de trabajadores que se han pasado toda su vida ahorrando".