Javier D. Bazaga / Toledo
Los presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2023 estarán marcados por el rigor y la reducción de las necesidades de endeudamiento en torno a un 70%. Así lo manifestó el consejero de Hacienda y Función Pública de la Junta, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras despachar con el presidente del Gobierno para informarle del techo de gasto y de cómo será distribuido entre las distintas consejerías.
Ruiz Molina aseguró que, a pesar de la tentación que algunos puedan atribuirles de «tirar la casa por la ventana» en un año electoral, la prioridad será «el rigor, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos» con un techo de gasto que será similar al del año en curso, en torno a los 7.500 millones de euros, y una menor apelación al endeudamiento del 70%, según informó Ruiz Molina a Emiliano García-Page, que según dijo es el que «me da lecciones de ortodoxia financiera más a mí que yo a él» bromeó, para ejemplificar la consonancia que mantienen en un contexto geopolítico de enorme incertidumbre.
En este sentido, Castilla-La Mancha se va a ceñir al margen recomendado de déficit del 0,3% del PIB regional, lo que vio como una «oportunidad» también ahora que el Banco Central Europeo quiere subir los tipos de interés, lo que afectará a los que tienen préstamos vivos. De este modo «no solo preparamos el ejercicio presupuestario de 2023 sino de los sucesivos ejercicios», toda vez que esa subida de tipos tendrá especial impacto a partir de 2024 y 2025, que es lo que «preocupa» al Gobierno.
Es por eso que no será un presupuesto expansivo, sino conservador a la hora de tener los suficientes recursos para hacer frente a la elevada inflación que repercute sobre todo en los servicios públicos como la sanidad o la educación. «El mayor sufridor del incremento de los costes de la energía son los servicios públicos» explicó, por lo que «trabajamos con ese techo de gasto que supone una reducción del endeudamiento y una congelación de la presión fiscal».
Ruiz Molina llevará este techo de gasto al Consejo de Gobierno de la próxima semana, para que sea remitido posteriormente a las Cortes y, una vez aprobado en el parlamento, poder elaborar el presupuesto del próximo año, y que quieren que siga siendo un «instrumento de cohesión social», dando prioridad a las familias y los sectores productivos, con un reforzamiento de los servicios públicos, y con especial atención a la transición ecológica, transformación digital, y el reto demográfico con un «carácter transversal». «Queremos que sea un instrumento de creación de riqueza y generación de empleo», incidió.