¡Insuperable! El último sainete de la política española celebrado en el Congreso de Diputados no tiene desperdicio. Da para escribir un libro sobre la decadencia de la democracia en Occidente. En esta columna solo tengo espacio para fijarme en la primera de las anomalías, la madre del cordero.
El objetivo de la sesión parlamentaria era convalidar el decreto ley sobre la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno. El Congreso había de convalidarlo por mayoría absoluta para evitar la discusión parlamentaria.
Algo chirría en mi mente. Abro la Constitución española y leo en el artículo 66: «Las Cortes Generales (Congreso y Senado) ejercen la potestad legislativa del Estado». El art. 86 matiza: «En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos Leyes».
La figura del decreto ley ha ido ganando protagonismo con el paso del tiempo. En los dos últimos años se ha convertido en norma. El Gobierno es quien legisla. Y no por razones de urgencia sino de conveniencia. Una manera sibilina de acallar a la oposición.
¿Y cómo justificar el sueldo de tantos los diputados? Les pondremos a hacer de jueces. Nombraremos comisiones para juzgar de todo lo humano y lo divino, del presente y del pasado. El veredicto de estas comisiones carece de valor jurídico, pero sirven para desgastar al adversario. El riesgo es mínimo pues en cada comisión los diputados afines al Gobierno son mayoría. Algunos dirán que es la única forma de poner orden en esa jaula de grillos generada cada cuatro años por nuestro sistema electoral. Mi respuesta: cambiemos la ley electoral hacia un sistema de proporcionalidad estricta y doble vuelta. ¡Hagamos el sistema gobernable sin necesidad convertir el Parlamento en un teatro donde los actores principales son la hipocresía y el soborno.