La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acogido esta mañana el juicio contra una farmacéutica de la localidad de Fuensanta, que se enfrentaba a tres años de prisión por un delito de estafa, que ha confesado su culpabilidad, después de que su abogado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía y con el Ministerio Público, lo que ha permitido que la condena experimentara una importante rebaja. En concreto, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años de prisión, una multa de 4.320 euros y que indemnice al Sescam en la cantidad de 11.034,15 euros. Sin embargo, en la vista modificó su petición al tener en cuenta no sólo la confesión de la acusada, sino también la atenuante de reparación del daño, puesto que la farmacéutica ya ha abonado la cantidad estafada al Sescam. Además la fiscal también ha tenido en consideración la atenuante de dilaciones indebidas, por los retrasos que ha sufrido el procedimiento y cambió el delito de estafa agravada, por uno de estafa sin agravantes. Tras estos cambios, la fiscal solicitó una pena de seis meses de prisión, multa de 1.080 euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un periodo de seis meses, que se empezarán a contabilizar pasado el 1 de septiembre, por petición expresa de la procesada. En cuanto a la pena de prisión, previsiblemente quedará en suspenso, puesto que la acusada carece de antecedentes penales y la pena impuesta es menor de dos años.
La confesión.
En lo que a los hechos se refiere, la farmacéutica, A.D.G.V., confesó que de la actuación inspectora de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete efectuada durante los días 6 v 9 de abril de 2018, se constató que la acusada, titular de una farmacia ubicada en la localidad de Fuensanta, almacenaba 593 envases de medicamentos, dietoterápicos y otros productos sanitarios, cuyo importe venía cubierto por el Servicio Público de Salud, hallándose tales medicamentos y productos sanitarios, sin utilizar, sin el correspondiente cupón precinto, sin caducar e inalterados en su acondicionamiento tanto exterior, como interior almacenados, fuera de las zonas habilitadas para medicamentos desechados como es el punto de Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases.
La acusada, actuando con ánimo de ilícito lucro, simuló haber dispensado a pacientes beneficiarios del Sistema Público de Sanidad, esos medicamentos, dietoterápicos y productos sanitarios hallados en su farmacia, accediendo para ello al módulo de prescripción electrónica donde aparecen todas las recetas de los medicamentos prescritos por el facultativo a cada paciente, y de esta forma, haciendo uso del Código Personal de Paciente (CIP), que la acusada conocía por su relación con los mismos, procedía a validar dispensaciones de medicamentos que estaban activos o disponibles en dicho módulo según la pauta establecida por el facultativo, simulando así dispensaciones de los referidos medicamentos, dietoterápicos y productos sanitarios que no fueron entregados a los pacientes, lo que le permitía poder recortar el cupón precinto de los envases de esos fármacos para incluirlos en el "Documento de Facturación" (DF) remitido por medio del Colegio de Farmacéuticos al SESCAM, que confiado en la realidad de dichas dispensaciones abonó a la acusada por esos medicamentos la cantidad de 11.034,15 euros.