El letrado albacetense Miguel Ruescas Pérez, representante legal del exabogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, admitió ayer que la causa contra su cliente, por la que la Fiscalía le pide 10 años de cárcel, por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado contra los derechos de los trabajadores; y un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, sigue abierta, como publicó La Tribuna de Albacete. 

El letrado si que aclaró que lo que ha quedado sin efecto es la orden de detención internacional. En este sentido, comentó que el 1 de febrero de 2019 el Juzgado de lo Penal 1 de Albacete dictó un auto decretando la prisión de Miguel Pérez Arroyo. El 12 de febrero su abogado, Miguel Ruescas Pérez, recurrió en reforma ese auto. «Durante una serie de meses el auto no fue proveído, hasta que, curiosamente, cuando Miguel Pérez Arroyo es detenido en Perú,  rápidamente el juzgado reconsidera su decisión y en fecha 12 de septiembre anula radicalmente ese auto y reconoce que ni tan siquiera  había admitido a trámite el recurso, hasta esa fecha».

Por eso afirma que, «si ese recurso hubiera sido admitido a trámite en su momento, conforme era lógico y normal, se habría anulado muchísimo antes y Miguel Pérez Arroyo se podía haber ahorrado la situación de verse, al menos por unas horas, retenido por esta cuestión».

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