El presidente andaluz, Juanma Moreno, fue quien destapó la caja de los truenos. Lo hizo con su anuncio de suprimir el Impuesto de Patrimonio en su comunidad. Una decisión que prendió la mecha, hace ya un mes, de una batalla fiscal y política que se saldó con un puñado de medidas de ámbito estatal y autonómico, así como la creación de un nuevo tributo a las grandes fortunas.

Moreno aprovechó un desayuno informativo en Madrid celebrado en septiembre para poner sobre la mesa una bonificación del 100 por 100 en el Impuesto de Patrimonio, con la intención de evitar la fuga de los contribuyentes que más pagan y conseguir el regreso de los que ya habían salido y la llegada de otros nuevos que acabasen incrementando la recaudación total a través del IRPF y otros gravámenes.

Al día siguiente, además, hizo un llamamiento directo a los empresarios catalanes: «En Cataluña hay impuesto de sucesiones, aquí no; hay uno de Patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España».

La guerra había comenzado y uno de los primeros en contraatacar fue el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que a título «personal» se mostró partidario de una mayor centralización fiscal para evitar el «despropósito» de la competencia tributaria entre comunidades, que había iniciado Madrid años antes y que, efectivamente, se extendería en las próximas semanas.

Otros miembros del Gobierno y del PSOE se posicionaron a la vez contra la iniciativa de Moreno, las rebajas «masivas» de impuestos que se planteaban desde el PP y una hipotética «recentralización» -palabra que en realidad nunca usó Escrivá, como él mismo trató de aclarar- e intentaron dirigir sus fuerzas hacía una «armonización» fiscal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó, además, a evitar una competencia tributaria a la baja entre autonomías porque, cuando la periferia se mide en este ámbito con Madrid, avisó, siempre pierde la periferia.

Las reacciones llegaron de inmediato desde las comunidades, en unos casos lógicamente a favor, como el presidente gallego, Alfonso Rueda, que aseguró que Galicia continuará con su «propia senda» fiscal; y en otros en contra, como el valenciano Ximo Puig, partidario de «seguir en la línea de fortalecer el Estado social a través de una aportación que tenga que ver con la Constitución», es decir, en función de las posibilidades.

En Cataluña, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, rechazó entrar en «subastas populistas» de rebajas de impuestos y pidió al presidente andaluz que «deje a Cataluña en paz», en medio de una carrera fiscal que el PSOE calificó de «destructiva» y el PP de «sana».

Cascada de reacciones

Tras las palabras llegaron enseguida los hechos: primero Murcia aprobó un recorte del 4,1 por ciento en el tramo autonómico del IRPF por el que unos 330.000 contribuyentes, más de la mitad de los 600.000 que hay en la Región, dejarán de pagar entre 8,5 y 10 millones de euros en su declaración de 2022.

Galicia anunció la duplicación -del 25 al 50 por ciento- de su bonificación al impuesto de patrimonio y a continuación que deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, lo que supondrá un «ahorro» en la próxima declaración de la renta de 46 millones de euros para las rentas medias y bajas, menores de 35.000 euros.

El primer ejecutivo socialista en sumarse a la carrera fiscal fue el valenciano. Su presidente, Ximo Puig, anunció tres medidas para quienes cobran menos de 60.000 euros, pero sin «regalos fiscales a las fortunas», que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso como ejemplo al Gobierno de lo que debía «copiar».

También el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó un paquete de deducciones en el IRPF para las rentas de hasta 30.000 euros, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, adelantó una propuesta para poner en marcha la mayor bajada de la historia de las tasas y precios públicos.

Finalmente, el colofón lo puso el Gobierno al plantear un «impuesto de solidaridad» para recaudar 1.500 millones de euros de las grandes fortunas, que afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.

Este nuevo gravamen forma parte de un bloque de medidas impulsado por el Ejecutivo central que las comunidades gobernadas por los de Feijóo inmediatamente advirtieron que tendrá respuesta judicial por invadir sus competencias. La batalla continúa.