Mientras la creación de nuevas sociedades mercantiles y de autónomos se va cerrando en positivo conforme pasan los meses, parte de las mercantiles y pymes que ya funcionaban antes de la llegada de la pandemia por Covid lo están pasando realmente mal. A pesar de que el Gobierno estatal estableció una moratoria hasta junio de 2022 para no obligar a las empresas a presentar concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos se disparó durante los nueve primeros meses de 2021, superando con creces las cifras anuales de 2020, 2019 y 2018.
Así, entre enero y septiembre del pasado año, últimos datos de estadísticas oficiales, en el Juzgado de lo Mercantil de la provincia de Albacete entraron 108 concursos de acreedores, 46 de los cuales correspondieron a personas físicas empresarias y personas jurídicas, mientras que los 62 restantes pertenecieron a suspensiones de pago presentadas por personas físicas no empresarias, es decir, particulares no vinculados con el mundo de la empresa.
Una diferencia palpable si se comparan estos datos de los tres trimestres de 2021 con el año completo de 2020, en el que en esta provincia se judicializaron 31 concursos de acreedores de empresas y autónomos y 13 de particulares; en 2019 entraron 36 suspensiones de pago mercantiles y 25 por la insolvencia de familias; y en 2018 se cerró con 41 concursos de acreedores de empresas y tan solo ocho presentados por ciudadano a nivel particular.
La razón principal de este aumento de casos en los juzgados de lo Mercantil tiene nombre propio:la pandemia del Covid-19, que ha reducido de forma importante los ingresos de empresas y autónomos a lo largo de estos casi dos años.
Cualquiera se puede preguntar. ¿Por qué el número de concursos de acreedores se multiplicó en 2021 y no en 2020? Porque durante el año más duro de la pandemia, empresas y autónomos pudieron tirar de las cajas de resistencia y optar a los préstamos ICO que concedió el Gobierno estatal. Sin embargo, las sucesivas restricciones aprobadas durante el pasado año mermaron las facturaciones y agravaron los desajustes entre el debe y el haber de mercantiles y de trabajadores por cuenta propia hasta que no pudieron equilibrar el coste de plantillas, Seguridad Social, alquileres y gastos de suministros con beneficios.
«El parón del consumo ha sido responsable de estas cifras», afirma José Luis Monge, abogado especializado en Derecho Mercantil, quien corrobora que la mayoría de empresas y autónomos que han presentado una suspensión de pagos se porque «ya no pueden hacer frente a las deudas de acreedores y proveedores, debido a que sus ingresos se han reducido considerablemente desde que estalló la pandemia».
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