Los tribunales cierran la vía penal del AR-5

E.F.
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete ordena el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones, que ya sería definitivo porque ninguna de las partes lo recurrió

Fotografía de archivo del Sector AR-5 cuando aún estaba en obras - Foto: R.S.

El Juzgado de Instrucción número 3  de Albacete cerró por segunda vez el proceso penal relacionado con el caso del Sector AR-5 del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Chinchilla de Montearagón. Esta vez, el cierre es definitivo, porque el demandante, la Asociación de Perjudicados por el AR-5, no ha recurrido la medida, según resolución judicial del 12 de marzo.
Según fuentes cercanas al juicio, esta segunda negativa implica la finalización definitiva de un proceso penal cuyo origen se remonta a diciembre de 2009, cuando el Consejo de Ministros paralizó la urbanización de la zona conocida como la Rambla del Cañaveral por haber ocupado parte del Dominio Público Hidráulico.
La decisión del Gobierno, que llegó acompañada de una importante multa de más de 500.000 euros, obligó a rehacer la planificación del Sector. Como resultado, los propietarios individuales de las parcelas sufrieron un retraso considerable en la ocupación y desarrollo de sus tierras, además de considerables daños económicos.
El primer ‘asalto’ por los penal en los tribunales de procedimientos penales relacionados con el AR-5 empezó en mayo de 2013, cuando la Asociación anunció una denuncia contra el primer promotor del proyecto, el empresario José Luis García Navarro, dos ex alcaldes socialistas -Vicente Martínez y Daniel Ballesteros-, dos funcionarios y el técnico que había redactado el proyecto inicial del Sector. Las acusaciones eran graves, pues se trataba de prevaricación, fraude y apropiación indebida.
En enero de 2014, el Ministerio Público decidió abrir juicio pero solo contra José Luis García. La investigación del caso comenzó en el Tribunal de Instrucción número uno de la capital, pero la muerte del único acusado dos años más tarde obligó al juez a declarar como extinguida toda responsabilidad penal. En 2017, tres años después de la primera denuncia, se presentó una segunda.
 

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