El Gobierno ha vetado 22 enmiendas de la oposición a la normativa de gestión de la Política Agraria Común (PAC) por implicar una afectación a los presupuestos de en torno a 4.730 millones de euros, ya sea por menores ingresos o un mayor gasto, siempre según las estimaciones del Ejecutivo. El escrito excluye de la tramitación de esta norma enmiendas principalmente del PP y del PDeCAT, pero también de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria. Para ello, el Gobierno se ampara en el artículo 134.6 de la Constitución, que recoge su potestad para vetar cualquier iniciativa legislativa que suponga un aumento de gasto o minoración de los ingresos presupuestados.

Entre las medidas de mayor impacto, el Gobierno veta dos enmiendas de Vox y el PDeCAT para rebajar al 10% el IVA aplicado a todos los productos, bienes y servicios usados en actividades agrícolas, una línea de créditos gestionados por el ICO de 1.000 millones planteada por el PP o un fondo de 1.000 millones para compensar las pérdidas de la sequía y la inflación, como proponían ERC y PDeCAT.

La portavoz del PP ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, Milagros Marcos, ha criticado los vetos, destacando que llegan a afectar al cumplimiento de disposiciones legales de la última Ley de la Cadena Alimentaria. «Me parece una inmoralidad que se atrevan a decir que no se puede aplicar algo que ellos mismos han puesto en la ley», ha señalado Marcos, cuestionando que, con una recaudación adicional impulsada por la inflación de hasta 20.000 millones, gastarse 58 en bonificar el gasto adicional en fertilizantes, carburante o plásticos, según cálculos del Gobierno, suponga «algo exagerado». Según una disposición de la propia ley aprobada por las Cortes en diciembre de 2021, el Ejecutivo debe aprobar bonificaciones -hasta un 35% de la factura del gasóleo y un 15% la de plásticos y fertilizantes- y la doble facturación de la potencia eléctrica.