El mandato de Ramón Granados al frente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha explotó por la deuda generada con el colectivo arbitral, que fue creciendo sin solución y provocó una gran crisis en este deporte a nivel regional que acabó con la salida de Granados en 2016.
Tras estudiar detenidamente las cuentas, no sin muchas dificultades, los nuevos gestiones de la Federación decidieron denunciar en los juzgados la gestión de Granados y, tras el informe enviado por el ministerio fiscal, el Juzgado de Instrucción número tres de Alcázar de San Juan ha dictado un auto en el que «se decreta la apertura del juicio oral en el presente procedimiento y se tiene por formulada la acusación contra Ramón Granados García Tomas por: Un delito continuado de administración desleal previsto en el art. 252 del Código Penal, un delito de administración desleal tipificado en el artículo 252 del Código Penal, en relación con el artículo 249 del mismo texto legal, un delito continuado de apropiación indebida tipificado en el artículo 253 del Código Penal».
Granados fue presidente de la Federación de 2008 a 2016 y según la fiscalía, en su informe presentado al juzgado y al que tuvo acceso este diario, indica que el acusado «guiado por un ánimo de ilícito beneficio, concretamente durante el periodo 2012-2016, dispuso de dinero perteneciente a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha a su libre arbitrio, sin rendir ningún tipo de cuentas ni justificar determinadas operaciones, destinándolas a uso particular y a fines ajenos al objeto de la Federación».

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