El caso de los exámenes de Policía Local ya se cobró a su primera víctima. La asesora de la concejal de Recursos Humanos, María José López, e integrante de la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, fue destituida por el alcalde Emilio Sáez. Unos whatsapp con su expareja destapaban que le habían ofrecido los exámenes en 2019 y 2020. Tenía que haberlo denunciado por ética política y transparencia, pero no lo hizo; es más, insinuó que iba a utilizarlos. Pero parece que esas filtraciones se repitieron en el tiempo, porque Emilio Sáez decidió suspender las oposiciones que se celebraban este año por sospechas de que algunos aspirantes habían tenido acceso a preguntas del segundo examen.
De momento, no se han depurado responsabilidades ni políticas ni técnicas, porque la asesora tan sólo es una de las últimas personas a las que ofrecieron las pruebas. Surgen muchas interrogantes, pero las principales son: ¿quién las puso a su disposición? o ¿quién filtró las preguntas del último examen? Habrá que llegar hasta el fondo del asunto y que los responsables asuman sus responsabilidades. Los tribunales decidirán si hay indicios de delito, pero en el seno del Ayuntamiento debe abrirse una investigación seria y sin excusas de ningún tipo. El problema está en que ya se huelen las elecciones municipales y con los antecedentes de unos resultados tan ajustados un escándalo a pocos meses de la cita con las urnas podría suponer un varapalo irremediable. Sin embargo, los pícaros no tienen que tener cabida en una institución pública, porque se juegacon  el futuro de los aspirantes, que depositan todas sus ilusiones en una oposición y, si hay tramposos y corruptos, no hay ningún derecho a que estos aspirantes seann engañados.