El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicó recientemente un documento de diagnóstico sobre asentamientos irregulares de personas trabajadoras agrícolas, en el que incluye a la ciudad de Albacete como uno de los casos más significativos, junto a municipios de las provincias de Almería, Huelva y Murcia.

En el caso albacetense, buena parte de la información incluida procede del «Informe sobre la población migrante y los asentamientos en la provincia de Albacete», realizado por CCOO en 2021, y se complementa con entrevistas a las concejalas Juani García y Nieves Navarro y representantes de colectivos de apoyo a inmigrantes.

Con esas aportaciones, se concluye que las cifras de población en asentamientos son muy variables, pues muchos casi no están habitados fuera de la temporada agrícola, mientras que su población llega a triplicarse durante esas campañas.Se calcula que su población permanente es de 279 personas, ascendiendo a cerca de 700 personas durante las campañas de recolección, cifra que desde el Consistorio elevan hasta el millar.

Uno de los hechos que constata el diagnóstico ministerial es que, pese a la demolición de las naves abandonadas donde se iniciaron las protestas de temporeros de 2020, el mayor número de personas sigue reuniéndose en los asentamientos de Casa Grande, en la carretera de Peñas de San Pedro. 

Junto a ese, son otro siete los poblados que documentó CCOO, con la característica común de que todos ellos se ubican en las salidas hacia el este y el sur de la ciudad, muchas veces junto a barrios de nueva creación. Tiendas de campaña o chabolas predominan entre la tipologías de los asentamientos, aunque también se dan los situados en edificaciones en ruinas.

Una de las características distintivas que señala el documento es que los asentamientos de Albacete son más próximos al núcleo urbano y de dimensiones más reducidas que en el resto de casos. 

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