Han pasado ya nueve meses desde el primer positivo por coronavirus registrado oficialmente en España. Fue el 31 de enero cuando conocimos que un turista alemán, de vacaciones en Canarias, había traído el virus. Con escasa aproximación a la realidad, el recuento oficial del Gobierno supera ya el millón de contagiados. No se lo creen en el Instituto de Salud Carlos III, que es público y para nada sospechoso de querer azotar a los que dirigen el Ministerio de Sanidad. Haciendo una proyección mucho más rigurosa, según el organismo de Ciencia y Salud, los positivos superan los dos millones y medio, una cifra que algunos expertos elevan hasta los cinco millones. Conocer la cifra real no es una cuestión menor; supone saber la incidencia de una enfermedad que todavía tiene largo recorrido. ¿Para qué? Para tomar medidas que se ajusten más a la emergencia sanitaria que tenemos encima. No se cansan de repetir que el escenario actual sigue muy alejado del que sufrimos en marzo y abril, porque ahora se detectan más casos y se realizan muchas más pruebas PCR. Si ni siquiera sabemos las cifras exactas, ¿cómo vamos a afrontar la situación con medidas eficaces? La primera ola nos pasó por encima mientras mirábamos al tendido y la segunda, aunque estábamos avisados, nos ha vuelto a dar una profunda cornada que nos ha dejado groguis. En Francia, han impuesto el toque de queda en la mayor parte del país, bastantes días antes de registrar la cifra más alta de un país europeo en un solo día: 41.622 contagios. En España, durante el verano vimos un baile de decisiones que han continuado durante el otoño con una cuestionada eficacia. Sin órdenes comunes para todo el país, cada uno ha ido actuando por su cuenta y así nos ha ido. Ese plan B que, en mayo, anunció la vicepresidenta Carmen Calvo como alternativa al estado de alarma, también se fue de vacaciones. Ahora, nos hemos encontrado con tremendas lagunas legales para tomar decisiones drásticas y los tribunales sentencian de una manera diferente en cada territorio. Pandemia sanitaria, económica, política y judicial.
Han pasado nueve meses y los que estamos al margen de la toma de decisiones tenemos una sensación permanente de que seguimos dando palos de ciego. El planteamiento es imponer el toque de queda, poniendo sobre la mesa el dilema de si preferimos susto o muerte. Un estricto confinamiento como el que tuvimos durante demasiadas semanas sería la muerte definitiva de una economía maltrecha. Por eso, los expertos plantean el cerrojazo nocturno como un mal menor. Como esa figura requiere del estado de alarma, volvemos a ese mes de mayo y al anuncio del plan B, cuya ausencia vuelve a demostrar que no se han hecho los deberes. Todo se aplaza, como si el virus entendiera de tiempos.
La responsabilidad del Gobierno, derivada a las comunidades autónomas sin ningún tipo de directriz, ha de trasladarse también al último escalón, que no es otro que la responsabilidad de cada uno. Las cifras no son un simple número y 20.000 contagiados en un solo día son la prueba evidente de que la situación está completamente descontrolada. A nadie le gustan los confinamientos perimetrales, los toques de queda y cualquier medida restrictiva que limite nuestra libertad. De nada sirve restringir si luego no se cumple. Y lo que está pasando es que las consecuencias de los incumplimientos los pagamos a un precio muy caro, con limitaciones pero sobre todo con vidas.