El Congreso y el Tribunal Supremo se han enzarzado a cuenta de la interpretación que ha hecho la Cámara de la sentencia del alto tribunal sobre la pena de inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quien ayer se decidió mantener el escaño.

La decisión de la Mesa del Congreso, que salió adelante con el apoyo de PSOE y Podemos, ha sido muy censurada por los partidos de centro y de derechas, críticas que han continuado este miércoles después de que el Tribunal Supremo haya pedido a la Cámara que se le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al diputado morado para así realizar la liquidación de su condena.

De momento, según ha confirmado fuentes parlamentarias no se ha producido ninguna respuesta por parte de la Mesa a los requerimientos del tribunal ni hay ninguna novedad al respecto.

La decisión que adoptó el Congreso atendió al informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que determinó que Rodríguez debía mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Supremo por pegar una patada a un policía durante una manifestación.

Argumentaban que una pena privativa de libertad sí hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad", pero al haber optado por una pena sustituta (una multa) no cabía adoptar otras medidas que afectaran a su condición de diputado.

Mientras la Mesa decide qué hace con respecto a la pena de inhabilitación, la Junta Electoral Central debe también dar una respuesta a las peticiones del PP, Ciudadanos y Vox para que se pronuncie sobre este episodio (aún no ha fijado una fecha para reunirse), que sigue engordando la polémica entre los dos bloques más homogéneos del hemiciclo.

Así, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha urgido a la Mesa del Congreso a reunirse y rectificar su decisión, como a su juicio pide el Tribunal Supremo, mientras que el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, lo ha calificado de "vergüenza".

Ciudadanos ha dirigido un escrito a la JEC para pedir a la Mesa del Congreso que aplique el artículo 6.3 de la Loreg sobre "inelegibilidad sobrevenida" y retire el acta al diputado de Podemos.

Desde Vox, su portavoz adjunta, Macarena Olona, ha insistido en arremeter contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en tachar de "auténtica cacicada" lo que hizo ayer la Mesa.

En el otro bloque, la número dos de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, ha argumentado que la Mesa resolvió mantener el escaño a Rodríguez en base a un informe de los letrados y que "hay que cumplir con la legalidad vigente", defendiendo en todo caso que su partido estará siempre del lado de las personas que defienden los derechos humanos.