La Mesa del Congreso impulsa un contrato para la adquisición de 825 teléfonos móviles de última generación que irán destinados a diputados, asesores y funcionarios de la Cámara Baja. La iniciativa tiene un coste de 1,2 millones de euros y las críticas no se hicieron esperar.
Yo lo veo como un castigo a nuestros diputados, que usan móviles de 2017 y 2018, con los que ya se habían familiarizado y conocían, tras un largo esfuerzo, casi toda sus aplicaciones. Ahora les tocará volver a empaparse con los tutoriales, conocer los nuevos sistemas y aplicaciones, cuando a la mayoría no les sobra el tiempo, porque están atareados en buscar soluciones sesudas a los grandes problemas que afectan a la sociedad, tales como no encender la luz o no usar los sistemas de calefacción para disminuir el gasto energético, no consumir en exceso para que no siga al alza la inflación o dejar el coche en el garaje porque el combustible tiene un precio muy elevado.
Todas esas conclusiones de cráneos privilegiados llevan una dedicación que ahora los diputados perderán en conocer, entender y manejar los nuevos móviles cuando los reciban. No crean que es fácil adaptarse a un dispositivo tecnológico de última generación, sobre todo para algunos que, como ha quedado demostrado más de una vez en las votaciones que se realizan en el Congreso, entre las opciones a favor, en contra o abstención se lían y la lían.
No es una compra caprichosa, que entre otros motivos persigue mejorar la seguridad para que inteligencias externas no puedan acceder a los contenidos de los dispositivos de sus señorías. Lo dicho, que con los móviles de última generación a más de uno le van a hacer la puñeta.