Todo derecho entraña una responsabilidad. Los poderes públicos no debieran olvidar este principio básico y, de hacerlo, ellos mismos deberían responder. No me refiero a la tan manida ley del solo sí es sí, que también. Lo que ahora me preocupa es la ley Trans aprobada por el parlamento español hace cuatro días. 
Imaginemos un niño de 12 años a quien le obligan a asistir a una clase de detección precoz de género, esas clases obligatorias organizadas al alimón por los ministerios de Igualdad y Educación. Tanto le impacta la clase que pasa el resto del curso indagando si es hombre o mujer y cambiándose de sexo cada seis meses. Suspende todas las asignaturas y pierde la capacidad de concentración y de estudio. Aprovechando que hoy se llama María, aprovecha para entrar en los vestuarios de chicas y … ¿Quiénes serán los responsables del daño inflingido en el niño y sus compañeras? ¿A quién acudirán sus padres para pedir explicaciones y responsabilidades?
El niño ya tiene 16 años y pide una intervención jurídica para cambiarse de sexo. Los padres, por supuesto, no pueden oponerse. El adolescente cae en una depresión profunda. Como su problema no está en los genitales sino en el cerebro, su vida tiene cada vez menos sentido y acaba suicidándose. ¿A quién pedirán responsabilidad los padres y los jueces?
No se trata de casos imaginarios. Los países nórdicos que fueron los primeros en desbrozar este camino al abismo, ya están de vuelta. Han visto demasiadas anomalías para considerarlas una casualidad. Vuelvo a mi pregunta. ¿Quién asumirá la responsabilidad por las víctimas inocentes de la ley Trans? ¿Los profesores que enseñan contra la ciencia y el sentido común? ¿Los médicos que intervienen a sabiendas que el remedio puede ser peor que la enfermedad? ¿O los promotores de la ley trans que disfrutan experimentando con los hijos del vecino?