El concejal popular, Francisco Navarro, ha informado de la moción que el Grupo Popular presentará al Pleno de esta semana para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España y al presidente Pedro Sánchez a retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición, así como a cumplir, acatar y respetar ante este "ultraje" la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales y, sobre todo, a ratificar el artículo 2 de la misma en el que se señala que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Según ha recordado Navarro, "recientemente, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención reformar del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal, que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes", señalando que "esta reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del "procés", en aplicación de este artículo".

Además, la moción del PP viene motivada por las declaraciones realizadas el pasado día 10 de este mes por Sánchez en las que confirmaba que presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de "desórdenes públicos agravados", asegurando que "no deja de ser sorprendente que al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra favorable a derogar el delito de sedición, olvide otras propuestas como la anunciada en 2019 de prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales".

Francisco Navarro ha señalado que "tenemos la previsión de que el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, no va a respaldar esta moción porque en sus redes sociales ha manifestado que respeta las mayorías que se produzcan en el Congreso de los Diputados, las cuales las viene configurando desgraciadamente el Partido Socialista con Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Cataluña, por lo pensamos que los socialistas de Albacete dan por bueno este pacto con los delincuentes y sediciosos a los que se quiere beneficiar con esta reforma del Código Penal".

En opinión del concejal, "las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez, ya que ni la Constitución, ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos aún a las de aquellos que se levantaron contra nuestra Nación", asegurando que "en ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos".

Francisco Navarro ha explicado que "con este anuncio el Gobierno de España retoma un peligroso precedente: ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido". Dicho de otro modo, el concejal ha asegurado que "de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España".

Francisco Navarro ha señalado que "desde el Partido Popular vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia o para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial", lamentando que "el anuncio de la reforma del delito de sedición es solo una más de estas concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última".

El concejal del Grupo Popular ha señalado que "es esencial que todas las comunidades autónomas y ayuntamientos se pronuncien públicamente si apoyan reducir las penas establecidas en el delito de sedición o si rechazan esta modificación y, por tanto, cualquier acción que suponga debilitar al Estado", al considerar que "desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley".

Francisco Navarro ha explicado que "por ello llevamos esta moción al próximo Pleno del Ayuntamiento para que se posicione explícitamente ante esta cuestión, sobre todo el PSOE, ya que no puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos".

En este sentido, el concejal del Grupo Popular ha pedido al presidente Page que "se desmarque de Sánchez y anteponga los intereses de los españoles a los de su partido, ordenando a los nueve diputados nacionales que representan a Castilla-La Mancha, dos de ellos a Albacete, José Carlos Díaz Rodríguez y María Luisa Vilches Ruiz, a votar en contra de la modificación del Código Penal para rebajar las penas por sedición".

Ante esta alarmante situación, Francisco Navarro ha asegurado que "es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible para menoscabarla", afirmando que "los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia".