Llevan a Román ante la Fiscalía por presunta prevaricación

Agencias
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El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PSOE y Ciudadanos, toma esta decisión tras conocerse las conclusiones de la comisión de investigación del Mercado de Abastos

Llevan a Román ante la Fiscalía por presunta prevaricación - Foto: Javier Pozo


El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al Ministerio Fiscal al exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, y al exvicealcalde Jaime Carnicero, por dos presuntos delitos de prevaricación en relación a la gestión y la ocupación del Mercado de Abastos en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2019.
Esta es la conclusión del informe de la Comisión de Investigación que sobre el Mercado de Abastos se ha realizado, un informe que se elevará al pleno del próximo 31 de enero donde quedará aprobado al contar el Gobierno Municipal con mayoría para ello y desde ahí se remitirá al Ministerio Fiscal, tal y como ha explicado en rueda de prensa el presidente de esta comisión, Israel Marco.
Según el presidente de la Comisión de Investigación, el informe de la misma en basa en las diez sesiones que ha habido, por las que han pasado políticos, entre ellos Román y Carnicero pero también de otros formaciones, técnicos y empresas, y ha concluido que se han podido cometer presuntas irregularidades que ha concretado en tres presuntos delitos de prevaricación atribuibles a Carnicero y al menos en uno de los casos también a Román.
En su explicación, Marco ha señalado que el informe ha apreciado hasta tres posibles delitos referidos a la concesión de explotación a una empresa elegida de «manera discrecional» pese a conocer el Ayuntamiento del PP que el procedimiento de adjudicación no debía ser ese.
Pero también en las conclusiones se observan irregularidades ante el hecho de que a través de una licencia de ocupación de al vía publica se decidiera poner a una empresa operar en el mercado, y al entender que la apertura de la plaza exterior del recinto esos días previos a las elecciones para distintos actos no fue por interés público ni se hizo como se debía haber hecho porque se llevó a cabo sin la recepción positiva de la obra, por decreto a propuesta de Carnicero y firmado por Román.
Marco ha explicado también que la licencia de ocupación la otorgó Carnicero de manera individual sin intervención de técnicos en un «uso abusivo de su poder», pero además, se favoreció a una empresas y se pretendió que el PP sacara un rédito electoral.