El Parlamento catalán rechazaba ayer una moción de Ciudadanos que instaba a la Generalitat a cumplir la sentencia judicial para que se imparta un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano. Es la tercera ocasión - en los últimos dos meses- en que la cámara se pronuncia en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga al Govern a adecuar el sistema educativo para que sea bilingüe, tal y como señalan las leyes, y tal y como ha ratificado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, y que, al menos, el 25 por ciento de las asignaturas troncales se enseñen en español.

La Consejería de Educación tiene de plazo hasta el próximo 20 de marzo para aplicar la decisión judicial, pero a la vista de la postura que mantiene la mayoría independentista, con el apoyo de los comunes -la marca de Podemos en Cataluña-, parece evidente que va a continuar la discriminación lingüística que sufren los menores castellanohablantes en esa comunidad autónoma.

En la sesión de este jueves del parlamento catalán también se denunciaron las intromisiones de la Plataforma per la Llengua en la libertad de los alumnos para elegir el idioma en el que quieren hablar y estudiar. El caso del niño de Canet no puede quedarse en una anécdota ni en una batalla quijotesca de una familia que no está dispuesta a rendirse ante el atropello al que le quieren someter los talibanes del catalán. El más reciente episodio de la niña que pretendía responder en castellano a una pregunta en un concurso infantil de la TV3, y a la que se lo impidió el presentador, demuestra hasta qué extremo llegan los resortes de la inquisición lingüística del independentismo, que utiliza de forma perversa una lengua con el único fin de despreciar a los catalanes que no la hablan o que deciden libremente expresarse en español, un idioma tan suyo como lo es el catalán.

Decisiones tan arbitrarias como la tomada ayer por el Parlament vuelven a poner de relieve el empeño de las formaciones soberanistas de poner trabas a cualquier intento de recomponer la convivencia en Cataluña. No se trata solo de un desafío a la Justicia, sino, lo que es peor, de un menosprecio a más de la mitad de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna.

A la vista de la indefensión que sufren esos ciudadanos por parte de sus representantes más cercanos, es necesario que desde el Gobierno central e incluso desde las instituciones europeas se inste al Govern de Pere Aragonès a defender los derechos y libertades de todos los catalanes y no obligarles a convertirse en héroes para poder ejercerlos.