Magistrada de excelente reputación y letrada durante años del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, el estreno de Pilar Llop como ministra de Justicia fue, precisamente, para cargar contra la propia Justicia en una comparecencia extraordinaria en la que no admitió preguntas. Un golpe sobre la mesa de Moncloa después de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales las restricciones a la circulación impuestas durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Nunca la brecha entre un Gobierno y los togados fue tan evidente en la democracia, en una guerra fría que ha vivido ya varias batallas desde que Pedro Sánchez llegó al poder.
El Pleno del Tribunal de Garantías, aunque dividido con una mayoría de seis magistrados contra cinco, declaró inconstitucionales algunos puntos del decreto-ley por el que se declaró el primer estado de alarma en marzo de 2020, entre ellos las limitaciones a la movilidad. A su juicio, los derechos se limitaron con una «altísima intensidad», por lo que debería haberse encuadrado en un estado de excepción, el cual ven justificado por la grave afectación que hubo del «orden público».
Con el arranque del mes de julio, la Corte de Garantías anuló otra decisión gubernamental, si bien ya con escasos efectos prácticos. Tumbó el decreto-ley que nombraba a Rosa María Mateo administradora única de RTVE estimando con ello un recurso del PP, el cual argumentó que este asunto no revestía el carácter urgente que exige tal instrumento jurídico y que, además, se lesionó la autonomía del Parlamento.
Estos han sido los últimos varapalos, con lo que el Ejecutivo de coalición acumula ya en 2021, al menos, 14 reveses desde el Poder Judicial, con sentencias e informes de tribunales y Fiscalía que se han posicionado en contra de decisiones adoptadas por Moncloa o de leyes que tiene previsto sacar adelante, lo que ha obligado a dejar inactivas algunas medidas, mientras que en otros casos obligará al Gabinete a modificar leyes que preveía aprobar en breve.
En junio, la Audiencia Nacional suspendió las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y eventos extraordinarios aprobadas por el Ministerio de Sanidad, accediendo así a las medidas cautelarísimas planteadas por la Comunidad de Madrid. La resolución se añadió, además, a la respuesta dada a los recursos presentados de Canarias y Baleares en el contexto de la crisis sanitaria, donde el Tribunal Supremo manifestó que hubiera sido «deseable» una ley ad hoc para combatir el coronavirus a fin de «ofrecer la máxima seguridad jurídica», al tiempo que asentó la doctrina de que, a mayor severidad de las restricciones, mayor ha de ser la justificación para imponerlas.
Asimismo, en un informe de mayo, el Gabinete Técnico del Alto Tribunal se mostró crítico con el recurso de casación habilitado por el Gobierno para que, tras el final del estado de alarma el 9 de mayo, este órgano tuviera la última palabra sobre las medidas anticovid adoptadas por las regiones. El informe apuntó que «el problema de la constitucionalidad de la posición institucional es que se viene a situar a los tribunales de Justicia como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas».
El CNI y los indultos
Por otro lado, el Constitucional anuló la disposición con la que Moncloa «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.
Los magistrados adujeron que en este caso tampoco concurría el presupuesto inexcusable -la extraordinaria urgencia y necesidad- que habilita al Ejecutivo para usar el decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia. De hecho, la oposición siempre ha criticado que Sánchez ha aprovechado la pandemia para gobernar utilizando solo esta herramienta que, como dicen los togados, no se debería usar de manera ordinaria.
Los jueces también dieron la voz de alarma de cara a la decisión del Gabinete de Pedro Sánchez de indultar a los líderes independentistas condenados por el procés, un perdón que finalmente llegó el pasado 22 de junio. La Sala que los juzgó informó en contra de la concesión de cualquier tipo de medida de gracia a los separatistas, señalando que no hay desproporción en las penas impuestas y que no se ha dado arrepentimiento. Además, en un duro informe, afirmó que las razones invocadas pierden cualquier justificación «cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones».
Memoria histórica
Una de las fuentes de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha focalizado en el Consejo General Poder Judicial, que en mayo aprobó su informe al anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto que se muestra muy crítico con algunos aspectos de la llamada Ley Calvo al estimar que vulnera la libertad de expresión. El punto más duro es el que se refiere a las causas de extinción de fundaciones, dado que los vocales sostienen que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión». De hecho, en el documento que llevó al Consejo de Ministros del pasado martes, el Gobierno incluyó el requisito de «humillación a las víctimas», tal y como le exigieron los togados.
Ya en febrero, el Pleno del CGPJ vapuleó otra ley emanada del Gobierno, la ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí, al aprobar por unanimidad un informe que arremete contra algunos de los puntos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
Las críticas a las leyes del Gobierno han llegado también desde el Ministerio Público. El borrador del informe sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, hace una «valoración general desfavorable» del proyecto estrella del Ministerio de Justicia, que pretende dar un vuelco al modelo de investigación penal atribuyendo la instrucción a los fiscales.
El ‘no’ de Europa
Uno de los asuntos relacionados con la Justicia que más quebraderos ha dado al Ejecutivo en los últimos meses ha sido la reforma del CGPJ, que se intentó a través de dos iniciativas parlamentarias de PSOE y Unidas Podemos, aunque solo cristalizó la que limita las competencias del órgano cuando está en funciones, ya que los socios de coalición tuvieron que retirar la que apuntaba a un cambio de las mayorías por las que se elige a los vocales ante la presión de Europa.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces españoles, remitieron un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por la reforma del Poder Judicial.
Pese a ello, Podemos ha vuelto a insistir estos días en su propuesta para cambiar la Ley del Poder Judicial, de tal manera que la renovación de esos órganos no sea por tres quintos del Congreso y el Senado sino por mayoría absoluta, de diputados y de grupos parlamentarios.
Recursos pendientes
La brecha entre la Justicia y el Gobierno puede abrirse aún más, ya que el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa dos recursos impulsados por Vox aún pendientes de resolución sobre la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El primero se presentó contra el segundo estado de alarma, vigente desde el pasado 25 de octubre y que se prorrogó durante seis meses, mientras que el segundo cuestiona la paralización que sufrió en su actividad el Congreso al inicio de la crisis sanitaria.