El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que su partido tiene previsto impugnar los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020 porque «pueden incurrir en grave riesgo de inconstitucionalidad».

Así lo ha avanzado Núñez en una entrevista en el programa ‘Más de uno Albacete’ en Onda Cero, tomando como referencia la información publicada el pasado diciembre por La Tribuna, donde ya se advertía de que las cuentas regionales para este año excedían «los limites materiales de las leyes presupuestarias», al eliminar en uno de sus artículos la obligación de la Junta de dar cuenta a las Cortes trimestralmente de las subvenciones concedidas con «carácter excepcional».

Esta información se basaba en el voto particular emitido por el consejero del Consejo Consultivo Antonio Conde,  dentro del dictamen general sobre los presupuestos regionales elaborado por este organismo. Un voto en el que se alerta de que la Junta de Comunidades podría estar excediendo «los limites materiales de las leyes presupuestarias», al utilizar los presupuestos para eliminar la obligación de informar a las Cortes de las subvenciones que el Ejecutivo decida conceder con «carácter excepcional». Es decir, aquellas ayudas que no están incluidas en la previsión anual, pero Consejo de Gobierno da luz verde por «razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública», según reza la ley presupuestaria, aprobada a finales de año por las Cortes por la mayoría socialista.

En concreto, este consejero del consultivo dispara contra la disposición final cuarta de la ley presupuestaria regional, que modifica el artículo 75 de la ley de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Como denuncia, se introduce «una nueva redacción» y se elimina la exigencia de remitir trimestralmente a las Cortes la «relación individualizada de los beneficiados» de estas subvenciones excepcionales, «con indicación de la cuantía concedía, así como la finalidad y motivación». Subvenciones, que como reitera en varias ocasiones, están fuera de la reglamentación presupuestaria que se aprueba cada año en las Cortes.

En su argumentación, Conde se basa en una sentencia del propio Tribunal Constitucional de septiembre de 2012, donde se advierte de que cualquier cambio normativo, para tener cabida en una ley de presupuestos, debe guardar «una conexión económica» y generar una «mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto». Solo así, continúa el Constitucional, sería posible justificar «la restricción de las competencias del poder legislativo». Y que es que, como se insiste desde el Alto Tribunal, «si bien la ley de presupuestos puede ser un instrumento para una adaptación circunstancial de las distintas normas, no tiene en ella cabida las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico, a menos que éstas guarden la suficiente conexión económica (relación directa con los ingresos y gastos del estado o vehículo director de la política económica del Gobierno) o presupuestaria».

Condiciones que, a juicio de Conde, no cumpliría esta modificación de la Ley de Hacienda incluida en los presupuestos castellano-manchegos, sujeto en este punto a los mismos límites constitucionales que los Presupuestos Generales del Estado. Como hace constar en el dictamen del Consultivo, «la eliminación de la comunicación al legislativo que se pretende» con esta disposición «no contiene ninguna específica previsión de ingresos o habilitación de gastos», por lo que no se puede considerar «un contenido esencial de la ley presupuestaria». Y es que, por mucho que se trate de una modificación de la Ley de Hacienda, que a priori sí podría estar vinculada a la legislación presupuestaria, este cambio solo implica una restricción del poder legislativo -las Cortes- en su función de control al Gobierno, algo «muy lejano a lo que es la acción económica del Gobierno», señala.

Es más, como hace constar Conde en la argumentación de su voto particular, «la información debida a las Cortes no es precisamente una cuestión menor» y «mucho menos» si de lo que se le está privando es de información «perfectamente regulada por una norma con rango de ley».

CONTRA EL ARTÍCULO 23.  Por todo ello, considera que este intento de reforma la Ley de Hacienda vía presupuestos ataca directamente al artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce a los diputados el derecho a recabar y recibir información de la Administración, en este caso la autonómica. O lo que lo mismo, este proyecto de ley atentaría, según Conde, «de forma sustancial» contra el derecho constitucional al control parlamentario.

Con este voto particular al proyecto de ley de presupuestos, Antonio Conde prácticamente se estrena como consejero del Consultivo castellano-manchego, organismo al que accedió el pasado julio a propuesta y con los votos a favor del PP. Un partido con el que Conde está fuertemente vinculado, tanto como hermano menor de Agustín Conde, en su día líder regional del partido y exsecretario de Estado de Defensa con Cospedal, como por el hecho de que él mismo fue un alto cargo de la Junta de Comunidades durante la etapa de la ya citada Cospedal. En concreto, en

esos cuatro años ejerció como director general de Trabajo y de Economía, Competitividad y Comercio.

En su voto particular Conde también duda de las justificaciones que se han dado desde Gobierno a esta objeción. Como apunta, «no me parece válida» la opción de que este control sobre la subvenciones «extraordinaria» se ejecute con el simple «volcado de la información en el Portal de Transparencia». ¿Por qué? Porque, según explica, «se estaría rebajando la acción de control de las

Cortes al mismo nivel de la información que se da al resto de la ciudadanía». Y, además, haciéndolo por esta vía la Ley de Protección de Datos privaría de información relevante a los diputados, que no podrían tener «conocimiento completo y total» de estas subvenciones», explica.

Asimismo, rebate el argumento de que la eliminación de esta obligación de dar cuenta a las Cortes sobre estas subvenciones «extraordinarias» se podría compensar vía petición de los grupos parlamentarios de la misma. Como advierte Conde, hay una diferencia «sustancial» entre la obligación del Consejo de Gobierno a dar una determinada información en la Cámara autonómica, con el hecho de que esta sea solicita da por un determinado grupo parlamentario. Con todo, cabe recordar que el texto presupuestario regional para el año que viene, sí logró el beneplácito global del Consejo Consultivo.