Tras la elección de Antonio Garamendi para seguir cuatro años más al frente de la CEOE, se ha celebrado la primera reunión de los órganos de gobierno de la patrona, configurando el nuevo equipo de Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva. Aquí sigue representando a las empresas de la provincia de Albacete, el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, resaltando a su vez la representación de Cecam en el Comité Ejecutivo con la presencia de su presidente, Angel Nicolás.

La Junta Directiva aprobó todos los nombramientos propuestos desde la presidencia y tras la convocatoria emitida por el Ministerio de Trabajo en las últimas horas a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, la Junta Directiva de CEOE acordó remitir una posición de las organizaciones empresariales acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. 

En primer lugar, las organizaciones empresariales son conscientes del impacto de la inflación en las rentas más bajas, al tiempo que consideran que la prioridad en 2023 es el mantenimiento del empleo del colectivo afectado por el SMI, para lo cual es necesario llevar a cabo un incremento acompasado con este contexto.

Asimismo, esta posición tiene en cuenta la valoración de los parámetros que determina el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para fijar este incremento del SMI: la inflación, la productividad media alcanzada, el incremento de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

En este sentido, cabe recordar que, previsiblemente, la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% durante el próximo año, algo que penaliza también a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas. Por otro lado, no se puede negar la mayor incidencia del SMI en las pymes.

Esta evolución de los precios coincidirá con crecimientos del PIB en el entorno del 1% durante el próximo año, con una economía española que todavía no ha recuperado los niveles de PIB pre pandemia.

En cuanto a la productividad, si bien en 2022 está aumentando, las caídas acumuladas en los últimos años dan lugar a que los niveles de productividad por ocupado en el tercer trimestre del año estén un 4,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, la participación de las rentas del trabajo representa ya el 47,5% de la renta nacional en 2022, superando en 1 punto la previa a la pandemia.

También cabe recordar que el salario mínimo incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la gran mayoría del tejido productivo, puesto que presentan menores niveles de productividad y, por tanto, salarios más bajos.

Con todas estas variables sobre la mesa, a la vista de la convocatoria del Gobierno con relación al SMI y del informe emitido por el grupo de expertos, la posición de las organizaciones empresariales es un incremento del SMI del cuatro por ciento, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la aplicada a los funcionarios (3,5%).

Además, esta subida estaría supeditada al cumplimiento de dos de las peticiones que reiteradamente han planteado CEOE y Cepyme al Gobierno: establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes; y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.