No me extraña que el presidente del Gobierno, en su comparecencia pública de este miércoles, estuviera especialmente agradecido a la patronal y los sindicatos por sus esfuerzos en la consecución de una reforma laboral pactada. Sabe Sánchez que una regulación consensuada por sus principales agentes es un antídoto contra la economía sumergida, que en España supera el 17 % del PIB, según las últimas cifras del FMI.

Dicho de otro modo: ese anómalo espacio marginal de la economía es la alternativa a una regulación del mercado laboral no aceptada al mismo tiempo por los representantes de empresarios (patronal) y trabajadores (sindicatos). He ahí el peligro de que la reforma laboral pactada por Gobierno y los agentes sociales naufrague a su paso por el Congreso ante la negativa de los aliados parlamentarios de Sánchez a secundarla. Lógico, hasta cierto punto, a sabiendas de que los programas políticos van por un lado y los ciclos económicos por otro.

Esa nube negra se forma sobre la indiscutible relación entre rigidez y paro que marca las dinámicas del mercado. O, si se prefiere, entre flexibilidad y creación de empleo. Lograr que sean términos avenidos (o sea, pactados) es básico para activar la contratación, achicar la economía sumergida (contrataciones piratas con jornales de miseria) y aportar estabilidad al sistema productivo.

Sin la conformidad de los empresarios sería imposible avanzar por esa senda de la racionalidad. Por tanto, si la CEOE se descolgase del acuerdo alcanzado hace unos días, puede que hubiera ganado la causa de la clase trabajadora al retórico modo de Bildu y ERC. Pero solo en el BOE. No en la realidad.

En realidad todo el mundo sabe que economía sumergida y contratos basura son enemigos declarados de un sistema productivo sano. En un sistema que considera al trabajo un bien de compraventa en el mercado libre y no un elemento de dignificación del ser humano, la inspección del Ministerio de Trabajó no daría abasto para desactivar el mercado paralelo en el que, lógicamente, reinaría la precariedad contra la que dice la vicepresidenta Díaz haber declarado la guerra.

Pero a la vicepresidenta segunda no le bastará su "escucharé con cariño" dedicado a los nacionalistas periféricos de ERC, Bildu y PNV, para lograr que el pacto de hace unos días del Gobierno con los agentes sociales sea convalidado por un poder legislativo en el que se asienta la tambaleante mayoría de apoyo al Gobierno de coalición.

En su comparecencia del miércoles, Sánchez se limitó a invocar el sentido común como resorte que impulsará la convalidación parlamentaria del pacto firmado por la totalidad de operadores en el mercado laboral, que da respuesta a la precariedad y el paro estructural.