Mientras que el Partido Popular se debate entre si permitir la entrada en los gobiernos a Vox –en el caso de Castilla y León– o plantarse y levantar un 'cordón democrático' como solicitaba ayer a la formación de Pablo Casado la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados, Bruselas ha sido tajante ante ciertas actitudes y normativas de países miembros, como Polonia y Hungría, con Ejecutivos ultraconservadores. La Comisión Europea ya dio el paso de condicionar sus fondos a los 27 miembros si no se garantizaba el Estado de derecho y ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el fallo para sancionar a Budapest y Varsovia. Se trata de la primera vez que desde el corazón de Europa se activa un mecanismo de tal envergadura y se aplica el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que apunta a que «la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente amenazados por la vulneración de los principios del Estado de Derecho que se produzca en un Estado miembro».
La deriva autoritaria que emprendieron líderes como el húngaro Viktor Orbán y el polaco Mateusz Morawiecki les puede salir cara y también es un aviso a navegantes al resto de países con movimientos ultraconservadores y políticas que van en contra de la misma esencia de la Unión Europea. No es de extrañar, por tanto, que la capital europea vigile de cerca las negociaciones para formar gobierno en Castilla y León con uno de los grandes grupos políticos de la Europarlamento como es el Grupo Popular Europeo. Casado se ha encargado de poner la lupa en el reparto de los fondos Next Generation y de airear su contrariedad con comisarios de Bruselas que ahora examinará también los pasos a dar en caso de que el popular Alfonso Fernández Mañueco se decida por el partido de Abascal para conformar gobierno. Porque más allá de que sea una región española, la decisión que adopte el PP puede tener sus consecuencias no solo en el plano nacional, sino que puede repercutir en el seno de la familia demócrata-cristiana, muy escéptica y contraria a los postulados de la ultraderecha pese a su avance en los últimos años.
Por más que la legitimidad y el propio Estado de Derecho asista a la propia existencia a esta corriente denominada 'populista', con reminiscencias a los peores momentos que sufrió el continente, los límites deben ser claros e inequívocos y actuar con la determinación que corresponda en cada caso para no dar un paso atrás contra violaciones a los pilares democráticos de la UE. Si se permiten, será el principio de un desmoronamiento interno difícil de detener.