La gestión de los fondos de la Unión Europea y los recursos propios de las empresas se presentan como el gran desafío en 2021 para la recuperación y la vuelta de la economía a la senda de crecimiento, sin olvidar la ejecución de las reformas pendientes, como el sistema de pensiones, una fiscalidad equilibrada que de solución a la enorme deuda que arrastra el país o, por ejemplo, la financiación autonómica que es un tema pendiente de hace décadas.

Crecimiento económico 

La coyuntura económica para 2021 está sujeta a grandes incertidumbres como la evolución de la pandemia y el resultado de la vacunación, pero también dependerá del balance que deje 2020, después de que el Banco de España haya adelantado una nueva contracción en el cuarto trimestre, del 0,8%.
El Ejecutivo mantiene su previsión de que la economía nacional crecerá un 7,2% este nuevo ejercicio, y que podría llegar, incluso, al 9,8% con una completa ejecución de las ayudas comunitarias.

Fondos europeos 

Con los Presupuestos Generales del Estado aprobados y vigentes desde el 1 de enero, el Gobierno ya cuenta con el marco imprescindible que le permitirá adelantar en 2021 algo más de 26.000 millones de euros de los 140.000 millones que España prevé recibir en los tres próximos años de la UE.
El reto pasa por adjudicar los recursos a proyectos viables, de futuro, que generen riqueza y empleo, y hagan remontar la economía sin que encuentren trabas burocráticas, para lo que ya se ha aprobado una reforma que agiliza los trámites, aunque aún está pendiente de enviar a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que detallará las inversiones y las medidas que el Gobierno planea financiar con este dinero.

ERTEs

El Gobierno prevé mantener, mientras sean necesarias, las medidas que han permitido sostener el empleo en el país, con la prórroga de las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta, al menos, el 31 de mayo.
El gran desafío está en que el acuerdo con los agentes sociales  permita que este mecanismo siga siendo atractivo para que las empresas en dificultades recurran a él y no opten por el despido masivo de trabajadores de sectores como el turismo, comercio y hostelería. 

Autónomos y PYMES

Para sostener el tejido productivo español, mayoritariamente formado por trabajadores autónomos y empresas de menos de 10 empleados, el Gobierno ya ha aprobado la ampliación de los plazos para pagar los préstamos avalados por el ICO que ascienden hasta el momento a 114.647 millones de euros.
Esta medida permitirá, además, contener, en parte, el riesgo de insolvencia al que se enfrentarán durante 2021 multitud de corporaciones muy endeudadas y negocios que, en otro contexto, habrían sido perfectamente viables.

Sistema de pensiones   

El Ejecutivo y los agentes sociales trabajaban en una reforma de las pensiones, partiendo de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y con la idea de mantener el poder adquisitivo de los jubilados, liberar al sistema de gastos impropios e incentivar la permanencia en el mercado laboral al menos hasta la edad legal de jubilación, que llegará a los 67 años en 2027 cuando se complete la norma aprobada en 2011.
La dificultad está no solo en ponerse de acuerdo con la patronal y los sindicatos, sino también dentro del propio Gobierno de coalición, donde ya ha habido discrepancias en torno a la posibilidad de incluir en la reforma una ampliación del período de cotización sobre el que se calcula la pensión al ingresar al sistema y que en 2022 llegará a los 25 años.

Financiación autonómica  

La reforma del sistema de financiación autonómica está pendiente desde 2014 y el Gabinete de Pedro Sánchez tendrá que afrontarla a lo largo de 2021 para cumplir con el compromiso adquirido con ERC, que exigió abordar la disparidad que existe entre los tributos que se pagan en cada región a cambio de dar su apoyo a las Cuenta públicas.
El planteamiento del Ejecutivo al respecto consiste en fijar un mínimo o una horquilla para los impuestos cedidos -Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos Documentados- para evitar las bonificaciones actuales del 100% que considera una competencia desleal entre autonomías.

Políticas de empleo 

La falta de eficacia de las políticas activas de empleo es una de las carencias señalada sistemáticamente por la Comisión Europea y organismos internacionales como el FMI o la OCDE, que la ven preocupante en una nación con unas tasas muy elevadas de desempleo juvenil y de paro de larga duración.
El Gobierno aborda una revisión de los incentivos a la contratación, con la propuesta por parte del Ministerio de Trabajo de una subvención mínima de 4.000 euros, para fomentar el empleo indefinido en las compañías del país.

Banca 

La banca española seguirá haciendo frente en 2021 al reto de ganar rentabilidad, ya sea con fusiones o con despidos y cierres de sucursales, en un entorno de bajos tipos interés en el que se ofrecen a colaborar en la canalización de los fondos europeos para la transformación del Estado.
Será clave para el sector financiero la situación económica, porque marcará la evolución de la morosidad de los más de 114.000 millones de euros concedidos en créditos con avales del ICO durante la pandemia, así como la de las moratorias hipotecarias y de consumo aprobadas para aliviar la carga financiera de las familias.

Sector ferroviario  

Tras concluir su proceso de liberalización, el sector ferroviario afronta la entrada en el mercado de alta velocidad de la firma francesa SNCF, que se ha visto obligada a retrasar el inicio de las operaciones de su marca de bajo coste Ouigo hasta el 15 de marzo, por pandemia.
Además, esta fecha podría modificarse en el caso de que se mantengan las restricciones de movilidad, de las que también está pendiente Renfe para la puesta en servicio de su AVE de bajo coste AVLO, prevista inicialmente para abril de 2020, pero que ha tenido que posponerse por la COVID-19.

Despliegue del 5G

Está pendiente la subasta de la banda de los 700 Mhz que será necesaria para completar el despliegue de la tecnología 5G en el país, un procedimiento fijado para el primer trimestre del año tras el retraso sufrido por la pandemia.