La polémica generada con la llamada ley del 'solo sí es sí' ha vuelto a contaminar la escena pública. Con razón, me dirán. Sí, con razón. No puede ser que una ley que pretende proteger a las mujeres de sus agresores, y prevenirlas de las potenciales agresiones que puedan sufrir precisamente así, garantizando que sólo con un sí se pueden mantener relaciones consentidas, sin dejar lugar a la duda ante, como ha ocurrido con 'la manada' y otras violaciones en grupo, el miedo que puede llegar a anular la voluntad de la víctima, termine dejándolas desprotegidas.
Cuesta creer que una ley hecha y diseñada con esa intención termine por abrir la puerta a una cascada de revisiones de condenas, con carácter retroactivo, que reduzcan las penas de esos agresores, y les permita volver a la calle antes de lo previsto.
Una puerta ante la que el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde su presidente, Emiliano García-Page, hasta su portavoz, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, han reclamado cerrar «inmediatamente». «Si no hubiera una puerta abierta en la ley sería imposible abrirla», dijo ayer Fernández después de explicar que el Ejecutivo regional ya presentó en el año 2020 alegaciones al texto de esta ley por las «dudas» que generaba en cuanto a esa posible revisión retroactiva de las condenas. No obstante, la ley «es buena en términos generales, pero se equivoca en esto», y lo que hay que hacer es «corregirla» y «dejarnos de diatribas políticas y acordarnos de que hay muchas mujeres detrás de esto que están siendo revictimizadas», recordaba Fernández.
El jefe del Ejecutivo no se anduvo con medias tintas y reprochó la «soberbia intelectual» que atribuyó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su reacción y por no querer reconocer el error y «atrincherarse» en un ataque feroz contra los jueces que han mostrado su disposición a hacer esas revisiones por «machistas». «La humildad es necesaria» dijo Page, que rápidamente trató de conciliar los ánimos: «Yo no soy muy amante de que alguien tenga que dimitir en plena refriega política. Pero yo intentaría exigir una rectificación».
La polémica está servida y, al igual que está ocurriendo con el intento de reforma de la pena de sedición o de malversación, este asunto viene a dar munición política a determinados partidos que, a medio año de unas elecciones municipales y autonómicas, tratarán de sacar provecho sin tener en cuenta el dolor, miedo o absoluta sorpresa por este incompresible efecto de la ley.
Más cuando ayer conocíamos, a través de Médicos del Mundo, que atienden cada año –solo en Castilla-La Mancha– a más de 400 mujeres víctimas de la trata y la prostitución, que es una forma más, y no menor, de violencia contra las mujeres «en la que caben todas las formas de violencia machista, desde la institucional hasta la económica, física o psicológica», como alertaba la presidenta de la organización a nivel regional, Lourdes Nieto.
Hay debates que deben hacerse desde la reflexión y el sosiego, y no en pleno incendio política, pero hay otros en los que el problema está sobradamente identificado y diagnosticado, y en los que sólo falta que las soluciones se pongan en marcha de manera inmediata.