El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda tener una participación superior al 50 % de la Sareb, la sociedad creada tras el rescate financiero para dar salida a los activos tóxicos de la banca.
De esa forma, el Ejecutivo abre la puerta a tomar el control de la compañía creada en 2012 para sanear los balances bancarios y gestionar y liquidar los créditos e inmuebles de las entidades sujetas a restructuración como consecuencia de la crisis financiera.
A finales del pasado mes de marzo, la oficina estadística europea, Eurostat, decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de euros de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit, una decisión que hizo que el Gobierno se planteara asumir el control de la compañía.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado en un comunicado que esa reclasificación de Sareb, así como su situación patrimonial, hacen "imprescindible" modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual, con el objetivo de "adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional".
La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.
Es decir, el texto abre la puerta a que el Estado aumente su participación en la Sareb a costa de que el resto de accionistas, entre ellos la mayoría de bancos, reduzcan su peso en el capital de la sociedad, algo que podría hacerse por un precio simbólico dado que las entidades han ido provisionando el deterioro de su inversión.
Actualmente, el FROB es el principal accionista con un 45,9 % de la Sareb, seguido por el Banco Santander, que posee un 22,21 %; CaixaBank, el 12,24 %; Sabadell, el 6,61 %; Kutxabank, el 2,53 %; Ibercaja Banco, el 1,43 % y Bankinter, un 1,37 %, entre otros.
Aunque el Estado se haga con el control de la Sareb, la sociedad dispondrá de un régimen societario específico para que pueda mantener "la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora", si bien, puntualiza el comunicado, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.
Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía venía realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, pero el Gobierno quiere reforzar este compromiso, "en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad".
Finalmente, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, si bien se mantiene el régimen de supervisión por parte del Banco de España.