En un reciente encuentro con empresarios del sector del metal, todos coincidían que, en esta época en la que los pedidos a la industria han descendido enormemente, el secreto de la supervivencia de sus negocios está en el control riguroso de los gastos. De ahí, aseguraban, que el año haya comenzado con un importante incremento del número de parados de 92.248 trabajadores, un duro ajuste que representa la mitad del empleo total que se creó en 2019, y 244.000 afiliados menos a la Seguridad Social, lo que significó el peor enero desde 2013.

Si bien es cierto que lo que más salta a la vista en los recortes de una industria son los despidos laborales, lo cierto es que los departamentos financieros tratan de apurar al máximo el control de todas las paridas presupuestarias para que si las ventas descienden y, en consecuencia, también los ingresos, haya activos de liquidez suficientes para abrir la persiana cada día y mantener la actividad a buen ritmo.

El control interno de los gastos es imprescindible para analizar tanto el proceso de gestión de costes corporativos como la identificación y corrección de cualquier anomalía, así como para planificar también acciones e inversiones a largo plazo en las cuentas anuales. 

Las empresas hacen uso constantemente de auditorías internas donde se fijan las políticas de expansión a corto, medio y largo plazo que garanticen la producción y los servicios a sus clientes con elobjetivo de limitar el riesgo para llevar a cabo un proceso de optimización en el balance de los ingresos y los gastos evitando tener que asumir liquidaciones y otras medidas más drásticas como el cierre.

Este tipo de estrategias empresariales son, además, una herramienta eficaz para valorar en cada momento las partidas presupuestarias que se destinan en una corporación al personal laboral, a energía, logística, impuestos y marketing que son, a fin de cuentas, donde se va la mayor parte de los ingresos de facturación, ya que los beneficios no suelen superar el 15% en la mayoría de las compañías.

Los economistas consideran que ajustar correctamente los costes de producción permite establecer precios más competitivos, mejorar los márgenes, detectar ineficiencias o, incluso, ganar incentivos. 

La mayoría de los negocios se mueven en sectores muy competitivos, donde los clientes tratan de ajustar al máximo los precios de los productos y servicios que contratan, incluso, después de haber cerrado los contratos de pedidos, por lo que hay que tener en cuenta las diferentes variables que pueden modificar el valor de un artículo. 

Las materias primas, la energía, los transportes,... todo es susceptible de cambio en un mercado globalizado como el actual, donde situaciones, por ejemplo, como la crisis del coronavirus de China ha provocado que muchas empresas hayan mermado el abastecimiento de piezas para su funcionamiento normal y, por tanto, haya repercutido en el precio de su producción.

Un sistema de costes con criterios de reparto bien escogidos y automatizados puede ser fundamental y, por tanto, estratégico, para una compañía a la hora de determinar los precios a ofertar o bien los servicios en los que poder recortar.

Salario mínimo

La nueva medida del Gobierno de elevar el salario mínimo a 950 euros ha provocado que las empresas tengan que calcular que pagarán una media de 1.000 euros más al año por cada trabajador contratado en esta franja salarial que, según las pymes, supondrá un sobrecoste este año de más de 2.000 millones de euros y un impacto neto en el empleo de 20.000 puestos de trabajo en 2020.

El análisis que hacen los expertos ante el alza del SMI es que, si en 2019 se crearon 402.300 empleos, es decir, 163.900 contratos menos que en 2018 y entre los años 2015 y 2018, más de 500.000, elevar ahora este coste laboral no hará más que llevar a más personas al desempleo.

Y especialmente difícil es el impacto que la subida de un 22,3% en 2020 va a tener en las nóminas más bajas en aquellas contratas públicas en las que Hacienda no compensará la subida del SMI en los contratos adjudicados, lo que reduce el margen a estas empresas que, en ciertas ocasiones, se ven obligadas a cancelar el servicio para evitar pérdidas y descapitalizarse por una partida que ya no les permite garantizar sus beneficios.