Consciente de su soledad para sacar adelante la nueva Ley de Secretos Oficiales, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ha decidido esquivar las líneas rojas en la negociación parlamentaria en busca del consenso necesario para sepultar la vetusta normativa franquista que data de 1968. Bajo este prisma, se muestra abierto a negociar incluso el plazo de 50 años impuesto para la desclasificación de los documentos más confidenciales.

El anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado lunes marca en 65 años el plazo máximo durante el cual podrá permanecer secreta una información. En concreto, para la documentación calificada como alto secreto se fija un plazo de 5 décadas, prorrogable otros 15; la información secreta lo será por 40, más 10 de prórroga; la confidencial entre siete y 10 años y la restringida entre cuatro y seis.

La propuesta arranca ahora su andadura parlamentaria pero no gusta a Unidas Podemos ni al resto de socios de la coalición de Gobierno, que esperaban que las informaciones más sensibles para el Estado solo pudieran permanecer ocultas a la opinión pública un máximo de 25 años. El PP, por su parte, recela de algunos de sus contenidos. 

Los plazos fijados para acceder a esos documentos secretos, sumado a la creación de la figura de una autoridad encargada de decidir sobre la desclasificación que recae en el Ministerio de la Presidencia, cosecharon críticas de toda la oposición y también de Podemos.

Por ello, los socialistas reiteraron esta semana los mensajes recordando que se trata solo del primer paso de la Ley y es necesario llegar a un texto final que contente a la mayor parte del arco político para que sea perdurable en el tiempo.

Robles: «es imprescindible»

«Es una norma absolutamente imprescindible, estábamos con un texto de 1968, era una exigencia de la OTAN y además los ciudadanos tienen que conocer su propia Historia», remarcó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. 

En este sentido, rechazó cualquier debate sobre el poder que la Ley concede a cada Ministerio e insistió en que lo importante es avanzar sobre un texto que procedía del franquismo para facilitar el conocimiento de hechos relevantes.

Así, puso especial énfasis en el caso de los GAL, en cuya lucha estuvo implicada como secretaria de Estado de Interior en los años 90. «Para mí es una cuestión personal, sería muy importante que como consecuencia de la aprobación de esta nueva ley se desclasificaran documentos como los que hacen referencia, por ejemplo, al 23-F».

Por ello, no cierra la puerta a que el debate en el Congreso pueda rebajar el tiempo que haría falta para la liberación de los registros, ya que según la actual redacción aún quedarían dos décadas para poder conocer la información sobre los GAL. «Por eso tiene que haber en el trámite parlamentario varias enmiendas que pueden venir desde el número de años o también la naturaleza de determinados asuntos», aceptó la titular de Defensa,

Robles insistió en que el texto legislativo debe compaginar la seguridad nacional con el derecho que tienen los ciudadanos «a conocer su Historia». Y remarcó que la clave es «lograr el mayor consenso».