Javier Martínez Ruiz, gerente de la empresa Nueva Generación de Programas, ha reunido en un poco más de un mes a unos 500 afectados por el retraso en el programa de ayudas Kit Digital. Un canal de la aplicación Telegram es la vía que han encontrado para compartir su situación, que Martínez asegura que «puede llevar a la ruina y al cierre» a muchas compañías españolas dedicadas a las nuevas tecnologías.
Al igual que otros afectados, Martínez explica que consideró «una gran idea» esa convocatoria de ayudas, con las que se destinaban fondos europeos a subvencionar la digitalización de pequeñas y medianas empresas, en unas convocatorias gestionadas por la entidad estatal Red.es con la colaboración de otros organismos regionales o provinciales.
Dedicado a proveer programas informáticas al sector agroalimentario, vio una buena oportunidad de crecimiento dada la necesidad de explotaciones agrícolas de dotarse de soluciones como cuadernos de campo, guías GPS u otras aplicaciones para la gestión diaria de sus negocios. «Solicitamos ser agentes comercializadores, ya que cumplíamos requisitos como una facturación mínima en los años previos, y comenzamos a trabajar con el método del programa, por el que somos las empresas las que solicitamos a los beneficiarios los datos para saber si tienen derecho a la ayuda, les instalamos la solución, dando servicio postventa y posteriormente presentamos la justificación para que se nos abonen los costes».
Con soluciones «que necesitan de mucho trabajo y tiempo de implantación», Martínez acometió «inversiones y contrataciones», pero con el paso de los meses vio que no llegaba el prometido dinero con el que costearlas. «Primero nos sorprendió que no se seguía un orden en las resoluciones y después nos encontramos con una justificación rechazada tras otra, porque nos decían que eran erróneas o por motivos como que el cliente había pagado el IVA cinco días tarde o había incurrido en una deuda con la Administración, algo que nosotros no podíamos saber».
Según relata, «tras presentar nuevas justificaciones, no encontrábamos respuesta y se nos remitía de una dirección de correo electrónico a otra, sin tener nunca un interlocutor único ni que se nos permitiera tampoco retirar la solución al cliente». De acuerdo a sus estimaciones, esa situación le ha llevado a tener trabajos sin cobrar desde el primer trimestre de 2022, por un valor aproximado «de 300.000 euros, de los que solo hemos recibido 15.000». «Ya no son solo las horas trabajadas sino también las inversiones y compromisos como haber traído a cuatro estudiantes en prácticas a los que quizá ahora no pueda contratar como dije», añade.
Además, tras continuas peticiones de explicaciones a los gestores de la convocatoria, «de la noche a mañana nos han cortado el acceso a la plataforma y no aparecemos como agentes, lo que nos saca del mercado».
Sin una solución clara, el empresario albacetense lamenta que «ahora solo nos queda hacer todo el ruido posible». «Quizá la convocatoria se abrió demasiado rápido sin pensar en si tenían capacidad de gestión», lamenta, apuntando a que la CEOE «está realizando un informe técnico» sobre el alcance del problema, «que es de todo el sector a nivel nacional».