La pequeña localidad albacetense de Robledo se encuentra en una situación poco habitual en el medio rural español, ya que allí las ofertas de trabajo superan a las viviendas disponibles, lo que está motivando que personas interesadas en instalarse en instalarse en el municipio no puedan hacerlo.
Así lo detallaba a La Tribuna el alcalde de esa población de la Sierra de Alcaraz, Cristian Cuerda, quien detallaba que la presencia de dos importantes empresas en el término municipal ha sido el motivo principal de que, a finales de mayo, Robledo presentase su mejor cifra histórica de afiliados a la Seguridad Social, con 289 en un municipio de 391 vecinos censados. El anterior tope, de 278, se había dado en 2007, antes del estallido de la crisis económica, proseguía el regidor, explicando que la recuperación de los últimos años «ha permitido que también aumente ligeramente el número de autónomos y de trabajadores públicos, con las contrataciones del Ayuntamiento».
Ante esa situación, el Ayuntamiento «está intentando a toda costa que no haya una vivienda vacía en mal estado» y que esos inmuebles puedan servir a nuevos pobladores. Para ello, en el mandato actual adoptó diversas medidas, como habilitar líneas de ayudas de 100 euros mensuales al alquiler y compra de viviendas habituales, bonificaciones de entre el 50% y el 95% del IBI para quienes ofrezcan sus propiedades para arrendamiento y otras exenciones en tasas municipales por la rehabilitación de viviendas antiguas.
Esas iniciativas consiguieron «que se pusieran en el mercado algunas viviendas, pero enseguida se encontraron inquilinos y nos siguen faltando para poder atender la demanda», según señala Cuerda, afirmando después que la opción de construir casas de promoción pública «resulta imposible para los ayuntamientos pequeños», por lo que el Consistorio quiere dar visibilidad al problema, en busca de alguna opción de iniciativa privada. «No tienen que ser grandes promociones, cuatro o cinco viviendas en alquiler ya harían mucho», aseveró.
El otro caballo de batalla municipal es evitar una imagen que sí es muy habitual en los pueblos, la de las casas vacías durante décadas, en mal estado y cuyos propietarios, muchas veces herederos de emigrantes, han olvidado. Recientemente se publicó un bando en el que se recordaba la obligación de mantener los inmuebles en unas condiciones mínimas de seguridad y la opción de sancionar a los dueños que no atiendan a ese requerimiento. De acuerdo al alcalde, actualmente se tramitan siete expedientes de declaración de ruina y 28 notificaciones en las que se requiere la rehabilitación.