Una treintena de ganaderos participaron el pasado lunes en el asalto a un edificio municipal de la localidad murciana de Lorca en la que se debatía una modificación del plan urbanístico para alejar de la población la instalación de nuevas explotaciones ganaderas y prohibir la ampliación de las existentes, dentro de unos límites relacionados con la cercanía a lugares habitados o acuíferos y ramblas que pudieran inundarse.  

Lo que en principio era una expresión del derecho de manifestación, por parte de quienes se sentían perjudicados por la medida, derivó en la ocupación violenta de unas instalaciones municipales en las que estaba reunido el consistorio, y el ejercicio de un derecho se transmutó en la vulneración de la ley y en una agresión al funcionamiento de las instituciones democráticas, con el agravante de que la condena sin paliativos que debiera ser unánime por parte de los representantes de todos los partidos políticos, ha sido matizada por algunos de ellos al culpabilizar al Gobierno de atacar a todo el sector primario.  

Es decir, se ha tratado de una condena con la boca pequeña y con la intencionalidad de sacar rédito electoral pintando una situación casi apocalíptica –la intervención de la portavoz popular en la sesión de control al Ejecutivo ha sido paradigmática- de la situación nacional, en la que se mezclan una serie de datos reales con una interpretación interesada en la que se pone el acento en los malos datos económicos y laborales sin dar validez a su mejoría, por supuesto manifiestamente mejorables y por debajo de las expectativas generadas,  pero objetivamente mejores que los registrados en la salida de la anterior crisis.  

A tener en cuenta que el único detenido o entregado voluntariamente por los incidentes de Lorca ha manifestado que acudió a la manifestación "desinformado" y que le dijeron "cosas que no coincidían con la realidad".  Ahora se trata de que la policía haga su trabajo e investigue a quienes instigaron el asalto y, si llega el caso, a quienes desinformaron.  

Quizá haya sido esa forma de hacer política, en la que se mezclan las medias verdades con los bulos, lo que ha motivado que aquellos que esperaban que el otoño y el invierno fueran calientes hayan visto como las calles no se han incendiado y las protestas han tenido menos participación y menos eco de las que esperaban sus organizadores. Ocurrió con la segunda manifestación de la plaza de Colón, en la protesta de los policías organizada por la ultraderecha y en la marcha sobre Madrid de agricultores y ganaderos.   

Que Vox justifique actos como el asalto al ayuntamiento de Lorca forma parte de su particular concepción de la democracia. Que lo haga el PP lo es menos, aunque se vea en una competición directa con la ultraderecha por demostrar quién es mejor guardián de las esencias del campo. Pero como partido que es alternativa del Gobierno, que ha ejercido el poder en todos los ámbitos su obligación es parar cualquier síntoma de violencia, sobre todo si se trata de ataques a instituciones democráticas en las que se había alcanzado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y los ganaderos para controlar la instalación de macrogranjas. Pero ahora al PP y a Vox les ha interesado renunciar al acuerdo utilizando el pim pam pum contra el ministro Garzón.