El proyecto de ley de la nueva Ley del Deporte, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, lleva incorporada, como una de sus principales novedades, la desaparición de las funciones jurisdiccionales públicas en materia de disciplina deportiva que hasta ahora mantenía el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD).
La medida supondrá para los clubes de fútbol, pero también para el resto de especialidades y sus correspondientes deportistas, un varapalo de consideración a la hora de acceder a la revisión de las sanciones impuestas por las federaciones.
La nueva normativa modificará la Ley del Deporte de 1990 que estableció las funciones del TAD como última instancia deportiva a quien acudir en caso de desacuerdo con las sanciones. A partir de ahora, esa tutela efectiva pasará a mejor vida, tal como recoge el proyecto de ley ya en su preámbulo. El procedimiento sancionador tendrá lugar «sin las intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá vía de recurso de las sanciones», de modo que «las diferencias que se sustancien en este ámbito serán susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral».

Proliga, la asociación que agrupa a 300 clubes de Segunda B y Tercera División, presentará alegaciones ante el Consejo Superior de Deportes por la supresión de competencias del TAD en el proyecto de Ley del Deporte, tal como ya hizo en julio de 2021 con el Anteproyecto. La asociación asegura que se «atenta gravemente al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva causando indefensión».

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