El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la que fuera presidenta de la Junta María Dolores de Cospedal (PP), ha retado al actual jefe del Ejecutivo regional Emiliano García-Page (PSOE) a demostrar que está vinculado a una empresa que ha cobrado 37 millones de euros procedentes del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas. Así se recoge en un requerimiento ante notario que ha suscrito Del Hierro este jueves, al que ha tenido acceso este medio.
En el escrito, el empresario recuerda las recientes declaracionesdel presidente y la portavoz de su Ejecutivo, Blanca Fernández, en las que insinúan la obtención de este beneficio por la empresa relacionada con su persona y la existencia de circunstancias sospechosas en torno al proyecto, como que en torno al mismo «había mucho negocio». También se refiere a la petición de una auditoría sobre este ATC a Enresa -la empresa pública promotora del proyecto- «política, no formal» y el aviso de estos responsables del Gobierno regional de que sobre este asunto «llegado el momento, tomaremos la decisión oportuna».
Del Hierro percibe «insidia» en estas declaraciones, que se explica en el «permanente y acreditado afán de injuriar a mi persona y a mi familia» que achaca a García-Page.
Por ello insta por este conducto notarial al presidente de la Junta a que «diga públicamente qué empresa de la propiedad de Ignacio López del Hierro resultó adjudicataria de algún contrato de Enresa». Expresamente, le reitera que explique qué quiere decir con «una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro».
También le requiere que explique qué quiere decir con la expresión «había mucho negocio» con la construcción del ATC. Además, le demanda que diga públicamente cuáles son las empresas que fueron adjudicatarias de contratos de Enresa para el proyecto del ATC, especificando cuantías y objeto de cada contratación, y a quien pertenecen o pertenecían estas compañías detallando holdings a los que estén incorporadas y su objeto social actual o pasado. A mayor abundamiento, Del Hierro le requiere a García-Page que explique públicamente el procedimiento de adjudicación de los contratos realizados por Enresa para el ATC y los servicios que se realizaron posteriormente, toda vez que ha mantenido que estos contratos se hicieron efectivos «sin mover una sola piedra» en la ubicación prevista para el almacén de residuos nucleares.
El empresario también pide a García-Page que declare públicamente en qué años se hicieron las obras y los proyectos «que según las declaraciones no existen», si conoce a estas empresas adjudicatarias en el ATC o los holdings a los que pertenecen y si «ha tenido alguna vez contacto con ellas». Incide en esto ya que, además, le insta a hacer público si la Junta, durante la Presidencia de García-Page o en otras, ha adjudicado contratos o concesiones a las empresas o holdings de empresas que en su día fueron adjudicatarias de contratos de Enresa. «Explique en qué cuantías y cuantos contratos, así como cuántas relaciones de mecenazgo o de otro tipo han concertado con ellas», añade.
Del Hierro remata la petición de explicaciones al presidente de la Junta por las afirmaciones sobre su vinculación al proyecto del ATC instándole a que exponga «cuántos familiares y qué familiares y personas vinculadas con el PSOE y altos cargos y exaltos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabajan en esas empresas o en sus matrices o holdings» y qué es «una petición política de auditoría».
Mueve el ventilador del ATC a Seseña y Casarrubios.
El escrito notarial de Del Hierro a García-Page tiene una segunda parte, que puede verse como una suerte de ventilador que pretende extender las dudas sobre el ATC a otros proyectos de infraestructuras, dando a entender que podrían ser comprometidos para el presidente.
Esta parte arranca con la petición de explicaciones públicas al presidente de la Junta sobre «qué tipo de auditoría va a encargar para conocer quién fue la persona o personas que mediaron para aprobar el proyecto de construcción de la ampliación urbanística de Seseña», en lo que parece una clara referencia a la controvertida urbanización de El Quiñón.
Luego añade un párrafo críptico: «Explique públicamente qué tipo de auditoría va a encargar para conocer quién fue la persona o personas que recogían maletines de un constructor para entregárselo a otras personas concretas».
Esta parte del escrito se cierra pasando de Seseña al aeródromo de Casarrubios, donde está pendiente un proyecto de ampliación. Del Hierro exige a García-Page que haga público «quiénes son las empresas y las personas propietarias del proyecto para la construcción de un aeropuerto en Casarrubios» y «a quién pertenece el terreno y la sociedad promotora y quienes son los particulares impulsores del mismo». También le requiere al presidente de la Junta que explique públicamente «qué relación tiene con el proyecto antes referido, quién es el consejero delegado del mismo y qué vinculación tiene con él».