El Ministerio de Hacienda y Función Pública dio ayer a conocer su informe con la deuda viva que acumulaban los ayuntamientos españoles al cierre del ejercicio de 2021. Esa cifra no incluye pagos a proveedores, ya que se corresponde con las cantidades pendiente de pagar que tiene la entidad procedentes de préstamos a largo plazo con entidades financieras y avales (es decir, es el capital pendiente de amortizar mas los intereses generados, tal y como detallan desde la fundación Civio).
En la provincia de Albacete, las cifras totales muestran la primera ruptura de la tendencia a la baja que se había iniciado en 2012 con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De hecho, la deuda viva que acumulan ahora los 87 consistorios de la provincia es de algo más de 132 millones de euros, 10 más que al final del ejercicio de 2020.
Pese a ello, el debe sigue igual o ha bajado en la amplia mayoría de los municipios y solo aumentó en ocho, explicándose la diferencia porque entre ellos se encuentran algunos de los más grandes de la provincia. Como ejemplo, la deuda en la capital ascendió más de siete millones, un 70% del total. Los otros siete ayuntamientos donde creció, en cantidades más bajas, fueron los de Alcalá del Júcar, Almansa, Barrax, Caudete, Hellín, Montalvos y Pozohondo.
cambios. Uno de los hechos destacables del pasado ejercicio fue la continuidad en la relajación de las reglas fiscales para las entidades locales, acordada por el Gobierno central en los peores momentos de la pandemia del Covid-19.
Ese cambio normativo permitió que los municipios pudieran acometer mayores inversiones sin ajustarse a todos los corsés que fijó la mencionada ley de 2021. Con ello se propició también que algunos recurrieran el endeudamiento, método que también utilizaron algunos ayuntamientos para poder afrontar su parte en los proyectos para los que habían recibido subvenciones estatales de las convocatorias para paliar los daños causados por temporales.
Ambos factores influyeron en ese mencionado cambio de tendencia, que había llevado a que la suma de la deuda de los consistorios albacetenses pasase de 252 millones de euros a final de 2012 a los 122 de 2021.
El motivo principal de ese descenso fue esa contestada ley, aprobada cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del Ministerio, Las limitaciones que imponía llevó a muchos municipios a optar por generar superávits anuales, con los que cancelar sus préstamos y poder optar, ya en los últimos años de la década, a realizar las inversiones denominadas financieramente sostenibles.
Más información en la edición impresa y en la APP de La Tribuna de Albacete (https://latribunadealbacete.promecal.es)