Unidas Podemos se apunta un nuevo tanto en su pulso legislativo con el PSOE. Ayer, y con la urgencia de sacar adelante los Presupuestos Generales, la coalición de Gobierno alcanzaba un acuerdo para diseñar la Ley de Vivienda, cuyo principal objeto de acción es la intervención del mercado del alquiler. Las negociaciones entre ministerios no terminaban de cuajar por la oposición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a meter mano en la propiedad privada y, sobre todo, en el principio de seguridad jurídica. Así pues, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lograba un debate simétrico con el presidente, Pedro Sánchez, para dar a luz al acuerdo y colgarse una medalla hacia afuera y hacia adentro (Díaz parece cada día más proclive a liderar su propio partido político).
La regulación del alquiler es prolija y diversa en el concierto europeo. En el caso de España, el foco estaba puesto en los ‘fondos buitre’ que invirtieron enormes sumas de dinero en el ladrillo aprovechando la crisis de las hipotecas. Así, el acuerdo distingue entre grandes y pequeños propietarios, situando entre los primeros a los dueños de 10 o más pisos. Y a partir de ahí, el acuerdo hace aguas. En primer lugar porque deriva a las comunidades autónomas la responsabilidad de forzar la reducción del alquiler en las denominadas ‘zonas tensionadas’, pero ni siquiera dirime qué es una zona tensionada. En ese escenario, a la insumisión de las comunidades que no comulguen con la Ley habrá que sumar la dificultad de delimitar cada caso, y todo en un escenario de recurso permanente a la Justicia.
Algo muy parecido sucede con otra de las derivadas del acuerdo: gravar a través del IBI los pisos vacíos para generar una mayor carga fiscal al propietario y empujarle a poner la propiedad en alquiler. En este caso serían los ayuntamientos los encargados de hacer valer la Ley, pero tampoco se concreta qué es un piso vacío y qué condiciones debe cumplir para ser tenido como tal, una encrucijada en la que llevan décadas inmersos multitud de ayuntamientos. Por último, la Ley pretende forzar que un 30% de todas las nuevas promociones inmobiliarias sean viviendas de protección y, de ellas, la mitad se destinen al alquiler social. El problema es que eso puede no encajar ni por aproximación con la realidad de un mercado que sigue funcionando a golpe de oferta y demanda, con la particularidad de que es lo primero lo que se adapta a lo segundo, y no al revés.
La Ley parte de un supuesto decente y contiene medidas coherentes -como la concesión de beneficios fiscales a los pequeños propietarios que congelen los precios o el ‘bono joven’-, pero adolece de credibilidad. A más, es imposible restarle razón a Calviño puesto que el contexto jurídico de los propietarios que eligieron invertir en propiedades apoyados en la ley vigente se verá sacudido de forma notable, y eso los inversores internacionales también lo ven.