Terminó la carrera de Medicina en 2012, el mismo año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, que excluía del sistema sanitario a las personas migrantes en situación irregular. Esta decisión, junto a su amistad con el doctor Antonio Cepillo, le puso en contacto con Médicos del Mundo en Albacete, que ya estaba trabajando por derogar el mencionado Real Decreto Ley. Desde hace casi dos años y después de un periodo como voluntario, Jesús Igualada compagina su profesión como médico de familia en el centro de salud zona VIde Albacete con la vicepresidencia de esta organización no gubernamental en Castilla-La Mancha, ahora centrada, entre otros asuntos, en exigir la incorporación de las personas migrantes en situación irregular al sistema público sanitario, con el fin de que reciban su tarjeta y entren en los protocolos de vacunación contra el Covid-19.
Como médico de familia, ¿cómo vive en su consulta la aplicación de ese Real Decreto? ¿Es cierto que las personas migrantes sin regularizar no reciben asistencia médica?
La Ley lo que hizo es negarles la tarjeta sanitaria y, por tanto, el derecho a tener médico y enfermero de familia en un centro de salud. El Real Decreto afecta a personas migrantes en situación irregular, a personas comunitarias no registradas y a familiares que vienen por reagrupación. Estas personas solo pueden acudir a los servicios de Urgencias, a excepción de mujeres embarazadas y menores que sí reciben la tarjeta sanitaria. Los primeros años que estuve en Urgencias atendí a personas que no tenían tarjeta, pero allí solo se hace una intervención puntual, no hay seguimiento. Y desde el centro de salud lo que he visto es que mucha gente que antes había tenido médico de familia ha dejado de venir. Como Médicos del Mundo, y yo como médico de familia, creemos que la Atención Primaria es el eje del sistema, lo que lo vertebra, es el sitio donde podemos luchar contra las inequidades, el lugar más accesible, más longitudinal en los cuidados y que debe ser quien integre la visión del derecho universal a la salud. Desde mi consulta de Atención Primaria he visto cómo mucha gente migrante ha dejado de venir al centro de salud. Cierto es que la barrera principal siguen siendo los mostradores, sé que ningún compañero deja de atender a un paciente por no tener tarjeta, el problema es que no llegan hasta nosotros. Si en el mostrador no pueden pedir cita porque no tienen médico asignado nadie se molesta en venir.
Sin embargo, este Real Decreto no se llegó a derogar.
No. Antes de 2012, todas las personas, por el simple hecho de serlo, tenían derecho a la salud, pero después se ligó a una situación de permiso de trabajo y residencia. En 2016, el Gobierno regional aprobó una Orden que incluía una serie de criterios como estar empadronado o tener un informe social que estamos realizando dessde los centros de salud de una forma relativamente fácil. Sin embargo, nos estamos encontrando con trabas con los documentos identificativos, porque para el Sescam solo es válido el pasaporte original, no le vale fotocopia ni NIE ni permiso de residencia de otros países y esto está generando problemas. En 2018, el Gobierno central volvió a sacar un Decreto Ley y aunque fue a favorecer, sigue excluyendo a las personas reagrupadas y no protege de forma especial a menores, embarazas o víctimas de trata, que creemos deberían incluirse como personas especialmente vulnerables y blindar su atención sanitaria.
¿Cuál es la situación a día de hoy?
Me consta que el Gobierno estatal está trabajando en otra ley para recuperar esa universalidad del derecho a la salud. Diferentes entidades como Médicos del Mundo están trabajando en los borradores con la intención de recuperar esa universalidad completa.
Médicos del Mundo trabaja con colectivos vulnerables como drogodependientes, mujeres que ejercen la prostitución, personas sin hogar, chabolismo… Tras un año de pandemia, ¿cómo se encuentran estas personas?
Médicos del Mundo trabaja con personas titulares de derechos. En Castilla-La Mancha no trabajamos drogadicción ni personas sin hogar, en Albacete entramos en los asentamientos informales y en Toledo se trabaja prostitución. La inmensa mayoría de estas personas no tienen tarjeta sanitaria ni derecho a la salud, nuestro trabajo es de información, de acompañamiento, de intentar solucionar los problemas que tienen, ayudarles en los trámites para conseguir la tarjeta sanitaria. Con todo el tema del Covid, su situación es todavía más vulnerable y están aún más apartados del sistema. Para aquella persona inmigrante que tenga tarjeta sanitaria, la atención telefónica que hacemos desde los centros de salud supone una barrera todavía mayor, hay una parte de comunicación no verbal que perdemos en las consultas y una barrera idiomática muy importante. Ahora mismo están más fuera del sistema, más alejados, el único recurso de la gente que no tiene tarjeta sanitaria sigue siendo la atención en Urgencias.
¿Cuál es la principal razón por la que nueve años después ese Real Decreto Ley no se ha derogado?
En su momento se puso como excusa la crisis económica de 2012, pero desde mi punto de vista, lo que afloraron fueron razones de xenofobia y de racismo institucional. Creo que las razones por las que no se deroga esta Ley es la deshumanización de las personas políticas. Hay estudios que demuestran que la población migrante no consume más recursos sanitarios que la autóctona, no supone un gasto económico mayor, sino todo lo contrario. Solo los recursos que movilizas en los servicios de Urgencia, al final, son mucho mayores y mucho más caros que los que movilizas en Atención Primaria, donde la atención es relativamente más económica y más rentable para todo el rendimiento que puedes obtener. Se parapetaron en la crisis económica, pero por debajo subyace el racismo institucional.
¿Y qué está ocurriendo con la vacunación contra el Covid si no tienen tarjeta sanitaria y no pueden acceder a la Atención Primaria?
A día de hoy hay personas que no constan en ningún registro de tarjetas sanitarias, que es de donde están sacando los datos para los protocolos de vacunación. Tenemos gente mayor, de 60 y 70 años, en los asentamientos que por no tener tarjeta sanitaria no han sido vacunados. Esto lo hemos hablado con la delegación provincial de Sanidad y con el Sescam y al parecer van a poner en marcha un plan para que estas personas tengan su vacuna en el momento en el que les toque. Tendremos que conseguir los registros de los empadronamientos y cruzar datos para asegurárselas. Estas personas tienen que tener su vacuna, por ellos y por todos los demás. Al fin y al cabo esto es una pandemia mundial y lo que se intenta conseguir es que todo el mundo esté inmunizado.
¿Cuántas personas pueden estar en esta situación en Albacete?
Ahora mismo, personas que viven todo el año en asentamientos informales en diferentes puntos de la ciudad pueden superar las 60, de ellas, el 80% no tienen tarjeta sanitaria, con lo cual tendrían dificultad para acceder a la vacunación. Luego vendrá el periodo estival y la llegada de los temporeros que tampoco tienen tarjeta sanitaria. Se trata de personas que viven hacinadas en asentamientos sin condiciones mínimas de salubridad ni distancia. No decimos que los cuelen y los vacunen antes que a nadie, sino que se les valore, primero como personas, para incluirlas en la vacunación, y segundo que se estudie su vulnerabilidad para que se les coloque en el puesto de vacunación que decida la autoridad sanitaria.
¿Por qué dice que la vulnerabilidad de los colectivos más excluidos se ha incrementado con la pandemia?
Porque ser pobre y no tener una buena vivienda, un buen trabajo y unas buenas condiciones de vida te hacen más vulnerable al Covid y si, además, no tienes tarjeta sanitaria y no puedes acceder a un sistema sanitario público para poder consultar tus problemas, tu vulnerabilidad aumenta. Si tú vives hacinado en una chabola con ocho o diez personas y no hay ventilación ni espacio, te hace más vulnerable para enfermar de Covid. La pandemia ha sido mundial, Albacete ha sufrido mucho, sobre todo en la primera ola, y se han visto que temas como la vivienda, el empleo y las condiciones de vida han influido en la misma proporción que otros factores de riesgo como la edad, la hipertensión u otras patologías.
¿Cómo ha sido el trabajo de Médicos del Mundo en Albacete durante la pandemia?
Empezamos el año 2020 haciendo nuestra actividad con las visitas a los asentamientos. Principalmente trabajamos con el que se encuentra en el camino de La Pulgosa, integrado por población rumana, y con el que estaba en la carretera de las Peñas, con población subsahariana. Hacíamos visitas semanales, pero con el confinamiento nos tuvimos que adaptar y hacer atención y seguimiento telefónico. En abril volvimos a retomar las intervenciones semanales, reforzando mensajes de prevención frente al Covid-19, repartimos más de 160 kits de higiene, más de 300 mascarillas e insistimos en los mensajes de distancia social, lavado de manos y de consultarnos ante un problema de salud. Al mismo tiempo nos tuvimos que coordinar con diferentes entidades de la ciudad y con las autoridades sanitarias y locales ante el primer brote que se detectó en abril en la carretera de las Peñas. Ahí colaboramos en el traslado de los pacientes positivos y de sus contactos directos. Y en verano, en julio, se produjo el segundo y gran brote en el asentamiento de carretera de las Peñas. Estuvimos acompañando a Sanidad y al Ayuntamiento en lo que nos solicitaron, que básicamente fue acompañamiento, mediación, traducción… Se hizo lo que se pudo, con muchas lagunas y con cosas que se pudieron hacer mejor.
Ahora llega una nueva campaña de recolección del campo, el Ayuntamiento tiene planes para que evitar la reaparición de estos asentamientos. ¿Tiene Médicos del Mundo Albacete previsto algún tipo de protocolo, programa, intervención especial para evitar lo del año pasado?
Estamos a la expectativa de saber qué decide el Ayuntamiento. Al final del verano pasado se demolió la nave donde habitualmente venían los temporeros a vivir durante tres o cuatro meses, pero nos consta que están en otros lugares de la ciudad, en otros espacios, en otras naves… Demoler esa nave no ha solucionado el problema, ni mucho menos. La situación de infravivienda seguirá este verano, pero estará en otra localización. Sabemos que el Ayuntamiento está trabajando en otro tipo de recursos, pero no tenemos constancia muy clara de cómo se va a materializar y, según como ocurra, así intentaremos responder. Nuestro proyecto es seguir insistiendo en que estas persona tengan tarjeta sanitaria para que, en caso de que haya un brote o problema sanitario, sea Covid o por lo que sea, puedan acceder al sistema de salud.