Muchos asuntos de la actualidad española llaman mi atención. Pero ninguno me escandaliza tanto como el conflicto sobre la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para colmo, las trifulcas se entablan a micrófono abierto y se oyen en Estrasburgo. 
En España existe la tradición de que los dos partidos principales consensuen los nuevos nombramientos. No saben o no pueden. El PP alega que nada puede pactar con un partido que lo primero que hizo al llegar al poder fue nombrar fiscal general a su ministra de Justicia. Lo segundo fue prohibir intervenir a los miembros en funciones del CGPJ. La semana pasada, la norma anterior para nombrar a los cuatro jueces que le correspondían tras las últimas jubilaciones. 
La Unión Europea se lleva las manos a la cabeza por las noticias que le llegan desde España. Su consejo es dejar a los propios jueces que diriman estos asuntos, tal y como hacen las democracias que respetan la separación de poderes. La solución europea me parece aceptable, aunque llega un poco tarde. Los ciudadanos españoles saben de antemano el signo de la sentencia contando si en el Tribunal dominan los jueces progresistas o conservadores.
Si yo fuera el señor Feijóo me acercaría mañana mismo a la Moncloa para proponer al presidente un doble cambio. Primero, prohibir las organizaciones judiciales con sesgo político. Segundo, sortear los cargos vacantes en los altos tribunales entre los jueces que cumplan ciertos requisitos y estén dispuestos a aceptar. 
Admito que mi propuesta quitaría glamour al poder judicial. Los jueces se limitarían a aplicar la ley… como tiene que ser.