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El dilema de las macrogranjas

M.H. (SPC)
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A pesar de que están sujetas a unas estrictas normas medioambientales, cuentan con el rechazo de una parte de la población y las organizaciones ecologistas y agrarias

El dilema de las macrogranjas

Organizaciones de vecinos de 70 localidades, aglutinadas bajo la plataforma Stop Ganadería Industrial, reclamaban la semana pasada una moratoria a los proyectos de macrogranjas, mejorar la regulación de nitratos y establecer un plan para reducir la ganadería intensiva y fomentar la extensiva, así como mayor exigencia y control en el tratamiento de purines. Bajo el lema 'Stop Ganadería Industrial. Moratorias Ya', la plataforma ha denunciado frente a sedes de las administraciones autonómicas la proliferación de instalaciones de ganadería industrial en España por las consecuencias que sostienen que este modelo tiene para el entorno tales como la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de suelos o la contaminación de agua por nitratos, entre otras.

Por ello exigen moratorias para la concesión de nuevas licencias de los macroproyectos, así como para la ampliación de los ya existentes, de al menos cinco años o bien hasta que exista un plan estratégico que fije la carga ganadera máxima. Las asociaciones han acudido a las delegaciones territoriales de las administraciones con botellas con agua emponzoñada por nitratos para hacer visible la contaminación que estas instalaciones terminan generando en los recursos hídricos.

Además, la plataforma Stop Ganadería Industrial ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que piden a su titular, Luis Planas, una reunión para manifestarle sus reclamaciones. En concreto, en la misiva le exponen el ejemplo de La Sotonera (Huesca) por la proliferación de granjas industriales y le piden soluciones inmediatas para poner fin a sus graves consecuencias. Las organizaciones critican el incremento «desmesurado» de la ganadería industrial en España, donde crece de forma «absolutamente descontrolada» y provoca la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los suelos y del agua por nitratos, así como una contaminación odorífica grave que sufren los pueblos, núcleos urbanos, viviendas y negocios que se encuentran situados en las cercanías de las instalaciones ganaderas industriales, sobre las que consideran que falta control en la gestión de los purines.

El dilema de las macrogranjasEl dilema de las macrogranjas - Foto: Eugenio Gutierrez Martinez. Eugenio Gutiérrez MarEn su escrito a Planas, además de la citada moratoria le piden una nueva regulación de nitratos para reducir al menos a la mitad las emisiones de nitrógeno en 2027 teniendo en cuenta el año 1996 como referencia. Asimismo, le instan a elaborar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo, que esta tenga en cuenta el consumo de agua y otros insumos, así como la producción de purines y la contaminación del agua por nitratos y la emisión de gases de efecto invernadero y de amoniaco.

Por último, le solicitan una supervisión e inspección «eficaz» por parte de las administraciones competentes para cumplir la normativa y que se ponga especial atención o control a los gestores de residuos y las instalaciones de ganadería industrial para que cumplan la normativa de tratamiento, almacenamiento y aplicación, como valorización en fincas agrarias, de los purines, gallinaza, estiércoles y demás residuos de dichas instalaciones.

La coordinadora de Stop Ganadería Industrial, Inmaculada Lozano, ha denunciado que se conceden «continuamente» autorizaciones ambientales para la ampliación de explotaciones industriales ya existentes o para la instalación de nuevas, principalmente en municipios poco poblados, aprovechándose de que en estos pueblos hay poca gente y, por tanto, poca oposición. «Lo cierto es que hay mucha gente movilizándose en estos territorios. Esto no es una solución al reto demográfico, lo único que hace es agravar la vulnerabilidad de la población rural», ha advertido Lozano.

El dilema de las macrogranjasEl dilema de las macrogranjas - Foto: Javier PozoEn la misma línea, el portavoz de agricultura de Greenpeace -que forma parte de Stop Ganadería Industrial-, Luis Ferreirim, considera «vital» actuar antes de que sea tarde y ha señalado que, según refleja el informe que la ONG presentó el pasado jueves, 'Macrogranjas, veneno para la España rural', la contaminación media por nitratos del agua subterránea aumentó un 51,5% en solo cuatro años (2016-2019) y el 75% de las masas de agua subterránea también aumentó su contaminación por nitratos. «Más del 75% del territorio español está en riesgo de desertificación, por eso preservar el agua es fundamental. Las macrogranjas tienen graves consecuencias para el medio rural y es vital actuar antes de que sea tarde», ha concluido.

La ONG ecologista ha entregado este martes un total de 237.0000 firmas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir al Gobierno que frene la expansión de las macrogranjas en España así como una legislación de nitratos que proteja el agua e impida su envenenamiento. La organización se ha concentrado frente a la sede del MITECO con pancartas con mensajes como 'Macrogranjas no' o '#ProtegeTuAgua' y ha entregado más de 237.000 firmas para pedir el fin de las macrogranjas industriales porque, según afirman, producen un insostenible impacto sobre el medioambiente y contaminan las aguas.

«Hoy hemos entregado a la ministra casi 250.000 firmas, recogidas desde finales de febrero, de personas que piden el fin de las macrogranjas. Ahora queremos alcanzar las 300.000 para mostrar el enorme rechazo social al destructivo modelo de ganadería industrial», concluye.

El dilema de las macrogranjasEl dilema de las macrogranjas - Foto: Isabel GarcíaCómo lo ve el sector.

El rechazo social que generan las grandes instalaciones ganaderas es innegable, a pesar de que el concepto «macrogranja» no existe como tal ni está contemplado en ningún documento oficial. Sin embargo, también existe un cierto desconocimiento del funcionamiento de este tipo de granjas y de los estrictos requisitos que han de cumplir en materia medioambiental y de bienestar animal. La Unión Europea cuenta con la normativa más estricta del mundo y en España, por decisión propia, se aprietan las tuercas incluso más.

Miguel Ángel Higuera, veterinario y director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), comentaba a Cultum que «el tamaño de las granjas está limitado, las macrogranjas que tantas protestas provocan no pueden existir; en una instalación de ciclo cerrado, es decir, que se autoabastezca de animales, no puede haber más de 750 madres». En el caso del ganado vacuno, la norma que quiere aprobar el Ministerio de Agricultura establece un techo para las explotaciones de 850 cabezas, es decir, 725 vacas de ordeño y las recrías, cuando se habla de granjas lácteas; para los cebaderos se fija un tope de 1.400 ejemplares. Muy lejos de las 5.000 lecheras que pretende albergar en Noviercas (Soria) la cooperativa Valle de Odieta.

Por lo que se refiere al empleo de los purines como fertilizante, el real decreto sobre nutrición sostenible de los suelos, ahora en periodo de información pública, establece unas condiciones muy controladas. Los ganaderos consideran que, una vez más, la normativa «supera» las exigencias de la Unión Europea y han pedido al Ministerio de Agricultura que paralice su aprobación y revise el texto.

En primer lugar, se exigirá al agricultor que realice un examen previo del suelo (que tendrá que repetir cada cinco años en regadío y cada 10 en secano) para conocer la cantidad de materia orgánica que contiene, así como los nutrientes con los que cuenta y su pH. Además, tendrán que llevar un registro de fertilización completamente documentado y un plan de abonado a partir de determinada superficie de parcela, que variará dependiendo del tipo de cultivo. Por si esto fuera poco, recientemente ha cambiado la normativa que regula la forma de aplicar los estiércoles en la tierra y ahora se obliga a depositarlo directamente en el suelo y voltear la tierra inmediatamente en vez de esparcirlo por el aire, con lo cual se emiten menos gases de efecto invernadero.

Evidentemente, la cantidad de purines por unidad de superficie está regulada y estipulada. Daniel Serrano, veterinario en una empresa integradora de porcino y aves que opera a escala nacional, dice que «las granjas nunca han estado tan controladas». La gestión de los residuos ha de estar documentada y justificada y no es posible escapar a ese control. Cada instalación debe contar con una extensión de terreno adecuada para poder esparcir todos los purines que genera y, si no fuera así, deberán llevarse a una planta de tratamiento en la que se obtendrá, biogás, biodiésel u otros productos. Si genera más residuos que los que puede asumir la tierra en la que se esparcen y no puede justificar la entrada del excedente en una planta de residuos, el ganadero se expone a potentes sanciones.

Desde AGAPROL, la mayor organización de productores de leche de España, insisten en lo mismo. El control que hay actualmente está a unos niveles nunca vistos. Hay gran cantidad de normativa, explican, para evitar la contaminación por nitratos y los ganaderos tienen que cumplir unas condiciones de manejo de los purines muy estrictas.

En cuanto a la fijación de población, según Miguel Ángel Higuera las granjas «se sitúan en la gran mayoría de las ocasiones en pequeños municipios en los que ayudan a fijar población ofreciendo puestos de trabajo de calidad, con unas condiciones laborales excelentes en cuanto a horarios y días de trabajo. Nos preocupa que la gente no las quiera en sus municipios. Sería bueno que se conociera el trato que reciben los animales, la gestión que se lleva a cabo con los purines… A pesar de que la producción crece cada año, las emisiones no dejan de reducirse».

Otra cuestión a tener en cuenta es la de la alimentación. Una parte de lo que se produce se exporta, sobre todo en el caso de porcino, pero en España también nos alimentamos de lo que obtenemos y la ganadería extensiva produce menos y más caro. Para que las demandas de quienes están en contra de la ganadería industrial pudieran satisfacerse habría que cambiar el modelo productivo, pero también el de consumo y el comprador tendría que estar dispuesto a rascarse el bolsillo. Además, las granjas que se eliminaran en nuestro país probablemente brotarían en otras partes del globo, seguramente con una normativa mucho más laxa y, como consecuencia, con más capacidad para contaminar.

 

El enorme proyecto de Noviercas.

En Noviercas (Soria), la cooperativa Valle de Odieta tiene un proyecto para una granja con 18.500 vacas lecheras en producción. El ayuntamiento de la localidad ha modificado la normativa urbanística para facilitar la instalación. Sin embargo, el proyecto tiene en contra a movimientos ciudadanos y organizaciones agrarias y ecologistas. Actualmente, según fuentes de la Junta de Castilla y León, solo hay un obstáculo para que el proyecto cuente con la Autorización Ambiental Integrada: el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que tiene que autorizar la captación de aguas que necesita la granja y no lo ha hecho aludiendo a la escasa disponibilidad. Los promotores han alegado a la CHD. Habrá que ver en qué queda todo finalmente.